Columnista invitado: Víctor Hurtado Oviedo,El mejor regalo del papa Francisco en Navidad es que traiga a Figari en enero. El prófugo Luis Fernando Figari Rodrigo debe responder por los atentados sexuales y contra la dignidad humana que cometió en su condición de jefe de la secta Sodalicio de Vida Cristiana. Sin embargo, Figari no responde pues está fuera del alcance de nuestros tribunales, protegido por el Estado Ciudad del Vaticano, que guarda relaciones diplomáticas con el Perú. Los gravísimos delitos que se atribuyen a Figari fueron revelados por sus víctimas, y reconocidos oficialmente por la jerarquía católica peruana y la del Vaticano. Esos crímenes ya no se discuten, pero Figari “no está”. El 30 de enero último, con la anuencia del papa Francisco, autoridades vaticanas “condenaron” a Figari a permanecer en un cómodo hospedaje en algún lugar de Italia. Además, la sentencia ordena al prófugo no volver al Perú. ¿Cómo: una potencia extranjera (el Vaticano) se arroga la facultad de prohibir a un peruano volver al Perú? Sin embargo, ningún gobernante extranjero puede prohibir a un peruano retornar a su país pues, de impedirlo, incurriría en el delito de secuestro, pasible de persecución por la Interpol. Como el Perú y el Vaticano mantienen relaciones diplomáticas, la actitud del papa es –por lo menos– una falta de respeto para con un país amigo. ¿Qué pensaríamos si la presidente chilena prohibiese a un peruano regresar al Perú? Pues es el mismo caso: sería intolerable. El virtual secuestro de Figari se agrava si consideramos que el papa, Jorge Bergoglio, es un ciudadano argentino en ejercicio pues, el 14 de febrero del 2014, renovó su DNI y viaja por el mundo con el pasaporte de la Argentina, como él ha revelado. Así pues, un ciudadano de un país amigo, la Argentina, prohíbe a un peruano volver al Perú. Además, la sentencia “contra” Figari ordena: “Se le prohíbe (a Figari) contactar, de cualquier modo, con personas pertenecientes al Sodalicio, y, en cualquier caso, tener con ellas trato personal directo”. Esto significa que, si el papa trajera a Figari, este se negaría, en un juicio, a declarar en presencia de sus víctimas y rehusaría ser careado con ellas porque se lo prohíbe el jefe de un país extranjero, el papa Francisco. De tal modo, el Vaticano interfiere en el Poder Judicial del Perú. La protección concedida al prófugo Figari es una ofensa contra nuestro país, pero la única forma de enmendarla es que el papa viaje al Perú con ese fugitivo para que sea juzgado. Es hora de decir: “¡Trae a Figari, Francisco!”.
