Un indicador de la velocidad con que avanza la polarización en el país es la rapidez con que las noticias bomba de una semana son opacadas por los sucesos de la semana siguiente. Posiblemente pocos lectores deben recordar la prisión de cuatro grandes empresarios comprometidos en el escándalo de Lava Jato, que hace una semana parecía la noticia del año. Lo más sonado esta semana ha sido el allanamiento de dos locales partidarios de Fuerza Popular por el fiscal José Pérez Gómez, con la autorización del juez Richard Concepción Carhuancho. Esta fue motivada por indicios de la existencia de una doble contabilidad y falsos aportantes para justificar el dinero utilizado en la campaña electoral del 2011, que la fiscalía sospecha proviene de las “donaciones” al fujimorismo reveladas por Marcelo Odebrecht. Esta diligencia judicial puso al fujimorismo en estado de pánico. Inmediatamente se movilizó la Mototaxi, buscando amedrentar a los fiscales. Un informe de Cuarto Poder muestra la intervención de los parlamentarios Luz Salgado, Alejandra Aramayo (si se han olvidado de ella, participó en una entrevista televisiva en estado inecuánime y está acusada de extorsionar a varios personajes públicos en Puno, utilizando como arma su canal de televisión), Rosa Bartra, cuya función, como presidenta de la Comisión Lava Jato precisamente es investigar al partido cuya defensa asumió cámara en mano, filmando amenazadoramente a los fiscales. Completaron el elenco los nunca bien ponderados Héctor Becerril, Úrsula Letona (en desgracia por revelar que Marcelo Odebrecht ofreció 2 millones para la campaña de Keiko), Daniel Salaverry, Elard Melgar, la inenarrable Karina Beteta, Cecilia Chacón y Víctor Albrecht, ex presidente de la Comisión Lava Jato, que fue obligado a renunciar al cargo a pocos meses de ser elegido, debido a evidencias que lo involucraban en los delitos que la Comisión debía investigar; en su caso, los manejos corruptos de Odebrecht en el Callao. Todos encabezados por Keiko Fujimori y su abogado. Como Rosa María Palacios ha hecho notar, la intromisión de los parlamentarios fujimoristas viola el código de ética parlamentaria y el código penal, con pena de cárcel efectiva. Por supuesto, la impunidad está asegurada, gracias a la inmunidad parlamentaria. José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular y director de Banco Central de Reserva, intervino negando que la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, hubiera ingresado a un local intervenido, y su mentira fue puesta en evidencia por las filmaciones de otros testigos. Chlimper es responsable de una manipulación de audios, tratando de desacreditar a un testigo de la DEA que grabó a Joaquín Ramírez, el principal financista de Keiko Fujimori, cuando afirmaba haber lavado 15 millones de dólares por encargo de Keiko, a través de una cadena de grifos. Ilustra el grado de desmoralización al que ha llegado el país que Chlimper permanezca en el directorio del BCR, con la complicidad de la mayoría parlamentaria fujimorista que lo puso en el cargo. Luz Salgado añadió una perla a su CV al amenazar al fiscal José Pérez: “No se está metiendo usted con cualquiera”. Para su desgracia, fue por lana y salió trasquilada, cuando el fiscal pidió que registraran en las actas del allanamiento su intento de amedrentarlo. Los fujimoristas, como era de esperar, han cargado contra el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, que irónicamente no tiene ningún papel en la intervención judicial, jurando destruirlo. La barra brava sigue moviendo la demanda de que PPK renuncie, a través de Yeni Vilcatoma, su muñeca de ventrílocuo. Los fujimoristas “sensatos”, como Víctor Andrés Ponce, proponen un pacto entre PPK y Keiko sobre la base de que los fujimoristas lo “blinden” constitucionalmente hasta el 2021. La propuesta es tentadora, luego de que Kuczynski ha terminado reconociendo que mintió cuando afirmó que no tuvo ningún vínculo laboral con Odebrecht, para luego terminar aceptando que le hizo trabajos de “asesoría financiera”. A cambio del blindaje fujimorista PPK entregaría la cabeza del fiscal de la nación y ayudaría a bloquear los “intentos de judicializar a Keiko sin razones legales” (Ponce dixit). PPK parece tentado por esta propuesta. Ahí están sus juramentos de que no tuvo nadita que ver con los allanamientos y su vergonzosa defensa de los fujimoristas, además de su anuncio de que busca dialogar con Keiko. ¿Le irá bien? La calle parece mejor informada: un 66% de los peruanos cree que el fujimorismo quiere vacar a Kuczynski, según la encuesta de Pulso Perú publicado por Gestión. A la pregunta de cuánto de nota le pondrían a la capacidad para gobernar y a la honestidad del presidente el resultado es apenas 06. A estas alturas, Pedro Pablo Kuczynski trabaja esforzadamente para recibirse de pavo navideño. ¿Qué tal un indulto a Fujimori?
