Responsabilidades. La lideresa de Fuerza Popular considera al titular del Ministerio Público responsable directo de las investigaciones en su contra. Procesos en fiscalía de lavado de activos obedecen a decisiones individuales de otros fiscales.,Keiko Fujimori habría ordenado denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por investigarla y por hacerlo bajo los alcances de la Ley de Lucha Contra el Crimen Organizado. La información la recogimos de los abogados que intervienen en estos casos. ¿Por qué el fiscal de la Nación sería el responsable? En primer lugar, nos responden, más allá del cargo, debe recordarse que el doctor Pablo Sánchez fue el fiscal superior coordinador de las fiscalías anticorrupción que investigaron la red de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. PUEDES VER Keiko Fujimori recibió aportes de una ONG no autorizada en EEUU Las investigaciones a Montesinos, al manejo de las donaciones de ropa usada de Japón, el uso de fondos públicos para las campañas electorales, a los diarios chicha, al desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al SIN, al enriquecimiento ilícito de los jefes militares, al pago de la CTS a Montesinos, al espionaje telefónico, los asesinatos del grupo Colina, fueron materia de investigación y acusación por parte del fiscal Sánchez. Luego, hay varios investigados de esa época, como las congresistas Luz Salgado y Cecilia Chacón, la ex congresista Martha Chávez y el ex secretario general de Fuerza Popular y ex ministro Jaime Yoshiyama Tanaka, que fueron objeto de esas investigaciones y que hoy están en el entorno de Keiko Fujimori. Caso Humala-Nadine Es posible que los fujimoristas miren con recelo al organizador de las fiscalías anticorrupción, convertido hoy en fiscal de la Nación. Luego sucedieron otros factores ajenos a Sánchez Velarde, pero que sin mayor entendimiento de la mecánica del Ministerio Público también pueden atribuírsele como de su autoría. La Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos debía mostrar imparcialidad y celo con todos los políticos, como ya lo había hecho con el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Herrera, pero no lograba avances en otras investigaciones, entre ellas, las referidas a Fujimori. La fiscal Flor de María Peralta había desestimado una investigación a Jaime Yoshiyama y Fuerza 2011 por aportes en las campañas del 2006 y 2011. El fiscal Germán Juárez había anunciado a los abogados que la investigación sobre los fujicocteles también se archivaría. La fiscal Sara Vidal concluyó su investigación, y sin poder realizar los peritajes contables y recibir respuestas de la DEA, archivó la investigación a Joaquín Ramírez y el presunto blanqueo de 15 millones de dólares que le habría entregado Keiko Fujimori. Todas eran buenas noticias para Fuerza Popular. Keiko Fujimori se preparaba a despedir el 2017 sin investigaciones, libre de toda sospecha fiscal. “Aumentar 500” Pero en las fiscalías de lavado de activos y, en especial, en el despacho del fiscal superior coordinador, Rafael Vela Barba, había dudas, precisan nuestras fuentes. Se les criticaba por el extremo celo en el caso Humala-Heredia a diferencia de los casos de Fuerza Popular. La situación era complicada y el portal de investigación IDL Reporteros informó desde Brasil que en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht se había encontrado la frase “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” que sugería que la constructora brasileña también aportó a las campañas de Fujimori, e incluso que le habían aumentado otros 500 mil. La fiscalía debía investigarlo. De no hacerlo, entonces sí incumplía sus funciones. El principal problema fue determinar quién se haría cargo de esta investigación. Los fiscales de lavado de activos estaban ocupados con otros casos. El caso de Joaquín Ramírez ya lo veía una fiscal adjunta y su trabajo no fue concluyente. Allí surge el nombre del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien laboraba en el subsistema anticorrupción. Según nuestras fuentes, en reuniones con amigos y eventos académicos habría expresado su disposición a participar en las megainvestigaciones del caso Odebrecht. A comienzos de año, Sánchez aprobó el pase del fiscal de lavado de activos, Sergio Jiménez, para integrar el Equipo Especial Anticorrupción que dirige el fiscal Hamilton Castro. Pérez se dio cuenta de que si en las anotaciones de Odebrecht había algo de cierto, cerrar y archivar el resto de investigaciones a Fujimori y Fuerza Popular dejaba “sin piernas” su investigación. Era como decir, desde el primer día, que no había nada. En caso de que se confirme que Odebrecht le entregó dinero a Keiko Fujimori o a Fuerza Popular, en algún lugar debe estar ese dinero o de alguna forma debió ingresar a la campaña electoral. Los fujicocteles, el dinero de LVF Liberty y el ‘crimen organizado’ - El dinero brasileño, explican los fiscales, podría tener su correlato en las aportaciones de la ONG LVF Liberty Institute y del entorno de Yoshiyama, en los fujicocteles o en los 15 millones que según el piloto Jesús Vásquez le entregaron a Ramírez. - El fiscal Pérez trasmitió su preocupación al resto de fiscales, por eso le pasaron las investigaciones sobre los aportes del 2006, 2011 y 2016 y sobre la ONG LVF Liberty Institute y el ex ministro Jaime Yoshiyama. - Paralelamente, la fiscal Elizabeth Peralta reabrió la investigación a Joaquín Ramírez para concluir los peritajes contables y que se insista en solicitar información a la DEA. - Al recibir los casos, el fiscal Pérez halló otro problema: el abogado Edward García había pedido al fiscal Germán Juárez un control de plazo, es decir, que ya no tenía tiempo para investigar más. Entonces, Pérez debió acudir a la Ley de Lucha contra el Crimen Organizado, como con Alan García.
