El principal desafío que afronta la democracia peruana hoy es la ofensiva del fujimorismo, que busca destruir la débil institucionalidad existente para asegurar la impunidad de Keiko Fujimori. Ya antes de que Marcelo Odebrecht ratificara que su empresa le dio dinero a Keiko para su campaña (precisando que al anotar “aumentar Keiko para 500” se refería posiblemente a 500,000 dólares, y que debió existir un pago anterior) el fujimorismo inició una campaña de amedrentamiento contra los responsables de las investigaciones. Otro motivo de alarma para los fujimoristas fue la reapertura del juicio a Joaquín Ramírez, que había sido apresuradamente cerrado por una operadora fujimorista en el poder judicial. Recordar quién es Joaquín Ramírez puede ayudar a entender ese nerviosismo. Ramírez pasó en pocos años de cobrador de combi a millonario y ha sido el principal financista de Keiko Fujimori. Fue parlamentario fujimorista entre los años 2011 y 2016, Secretario General de Fuerza Popular e integrante del entorno íntimo de Keiko. Tuvo un papel muy destacado en la última campaña presidencial, hasta que se divulgó que era investigado por la DEA norteamericana, por lavado de activos. La grabación que le hizo un agente de la DEA, donde se vanagloriaba de haber lavado 15 millones de dólares “a la China” a través de una cadena de grifos, provocó el intento de desacreditar al testigo a través de la adulteración de un audio por José Chlimper, quien sucedió a Joaquín Ramírez en la Secretaría General del fujimorismo, así que este se vio obligado a renunciar debido al escándalo. Chlimper fue luego premiado con la dirección del Banco Central de Reserva. Joaquín Ramírez tiene a su hermano Osías como integrante de la actual bancada fujimorista y la investigación por lavado de activos que la DEA realiza involucra a una importante universidad propiedad de otro Ramírez, tío suyo. Daniel Salaverry entabló una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que fue respaldada inmediatamente por todo el bloque parlamentario fujimorista, cuestionando cómo lleva su investigación a las empresas peruanas comprometidas en Lava Jato. Luego acusaron a cuatro integrantes Tribunal Constitucional por rectificar un error material en una votación. Todo esto saltándose a la garrocha la Constitución, que señala taxativamente que los fiscales superiores y los miembros del TC solo pueden ser acusados por “infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones” (Artículo 99), causales que no figuran en ninguna de las acusaciones. En un acto de cinismo de antología, los fujimoristas acusaron al Fiscal de la Nación de “oponerse a la lucha contra la corrupción”, precisamente cuando la fiscalía estaba investigando la acusación de corrupción contra Keiko Fujimori, y pocos días antes de que Marcelo Odebrecht se ratificara en su acusación contra ella. Es evidente que intentan manejar los órganos de fiscalización y control, como lo hizo Alberto Fujimori a través del golpe de abril de 1992, para poder robar impunemente. Quizá los fujimoristas han olvidado que el comienzo del fin de la década fujimorista fue la anticonstitucional destitución de cuatro de los integrantes del Tribunal Constitucional por Alberto Fujimori, en 1997, que puso en marcha el proceso que culminó con la fuga de Fujimori papá al Japón, su renuncia a la presidencia por fax y su postulación al parlamento japonés, intentando evadir la justicia peruana. El intento de amedrentamiento se dirige ahora contra la prensa. Keiko Fujimori ha anunciado que va a denunciar penalmente a El Comercio, “por calumnia”, debido a la publicación del contenido del interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba, en que este ratifica que dieron dinero a Keiko, lo que esta había negado enfáticamente en varias oportunidades. El Comercio se ha ratificado en su publicación. Como el caso Lava Jato es internacional, y por eso escapa al control fujimorista, es de esperar que pronto se sepa quién está mintiendo. PPK está asimismo bajo fuego fujimorista, con ataques que le recuerdan que él también tiene cosas que ocultar, como escribe Ricardo Vásquez Kunze, recordando las “facilidades” que PPK le dio a la constructora brasileña para sacar adelante el proyecto de la Carretera Interoceánica, y luego su asociación con Jorge Barata (mandamás de Odebrecht en Latinoamérica), y dos personajes consorciados en el mismo negocio: José Graña Miró Quesada (mandamás de Graña & Montero) y Jorge Camet (mandamás de J.J. Camet). Aparentemente PPK cree que indultando a Fujimori las cosas van a mejorar para él. En un momento en que su propia permanencia en la presidencia está en juego, sigue trabajando concienzudamente para labrarse el más esplendoroso aislamiento. Ojalá se hundiera solo, sin comprometer el futuro de la democracia peruana.
