Uno de los grandes problemas del gobierno es que viene cayendo la recaudación tributaria, lo que influye en la capacidad del Estado de atender los gastos corrientes, por ejemplo, aumento de sueldos y salarios en educación y salud, así como la provisión de los bienes y servicios esenciales. En el 2012, los ingresos corrientes del gobierno general fueron el 22.8% del PBI, pero en el 2016 solo el 18.6%. Como cada punto del PBI equivale a US$ 2,000 millones, la pérdida ha sido de US$ 8,400 millones. Fuerte. El último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF dice que en el 2017 éstos seguirán cayendo hasta el 18.1% del PBI para llegar a 20.2% en el 2021, lejos aún del 22.8% del 2012. Dice el Consejo Fiscal, en sus comentarios al MMM, que esta caída “evidencia un problema estructural en las finanzas públicas de nuestro país que requiere la toma de medidas de política que permitan afianzar la administración y generación de recursos fiscales, a fin de garantizar mayores fuentes de financiamiento del gasto público en el corto y mediano plazo”. Esto se vuelve más importante ahora que el gobierno tiene que hacer frente a los aumentos salariales del sector educación y salud. La baja recaudación incide también en la inversión pública (IP), la llave para la reactivación económica y, ojo, la reconstrucción del norte del país, como lo ha reconocido el ministro de Economía. Pero, según el MMM, la IP en el 2017 sería de 5%, apenas superior al 2016 (4.8%) y muy por debajo de los años 2013 y 2014 (5.6 y 5.3%). Esto implica que, a pesar de los anuncios en contrario, no habría una política fiscal expansiva en 2017, salvo que los precios de las materias primas sigan su tendencia al alza y eleven los ingresos fiscales, lo cual es por lo menos incierto. Pensamos que es imprescindible elevar la meta del déficit fiscal (actualmente en 3% del PBI). Si ello no se hace, el peligro es que “la persistencia del gasto corriente poco flexible podría llevar a realizar recortes en la IP, en caso no se materialicen las previsiones de ingresos del MMM” (Consejo Fiscal). Lamentablemente, durante mucho tiempo esa ha sido la constante: la IP se convierte en la “variable de ajuste” para cumplir con las metas del déficit fiscal. Queda claro, entonces, que se pone a la orden del día una discusión acerca de una reforma integral que amplíe la base tributaria, combata la evasión y la elusión e incluya una amplia discusión sobre los “gastos tributarios”. Uno de los temas tiene que ver con las elevadas devoluciones del IGV al sector minero. Dice el MMM que en el 2017 llegaron al 2.5% del PBI, cerca de US$ 5,000 millones. Recordemos que los grandes proyectos mineros de años anteriores (Las Bambas, Toromocho, Constancia, entre otros) en su etapa de inversión realizan compras y pagos diversos en los cuales tienen que pagar el IGV, el cual se les devuelve más adelante. Dice Cooperacción: “los ingresos tributarios por impuesto a la renta e IGV fueron inferiores a las devoluciones de impuestos que reciben las empresas (por el llamado “saldo a favor del exportador”), razón por la cual, a partir del año 2015, los ingresos tributarios del sector minero son negativos, con un saldo neto de S/ -3945 millones en el 2016” (1). Aunque Usted no lo crea. También debe realizarse un análisis de los “gastos tributarios” (GT) que, en el 2018, según el MMM, ascenderán a S/ 11,854 millones en el corto plazo, el 1.57% del PBI. Los GT son exoneraciones, subsidios y/o incentivos que se otorgan a diferentes sectores productivos, tanto en el impuesto a la renta, el IGV, el impuesto selectivo al consumo (ISC) y la devolución del pago de aranceles a los industriales exportadores (drawback, entre otros). El otorgamiento de incentivos no es malo ni bueno per se y debe analizarse caso por caso para ver los costos y beneficios. Por ejemplo, el gas de Camisea tuvo depreciación acelerada (en 5 años), el fraccionamiento del pago de aranceles en 7 años, la compra obligada de gas (take or pay) de la Central de Ventanilla de Electroperú. Y el gasoducto tuvo una “garantía de la red principal”, que todos pagamos en las tarifas eléctricas. Sin esos incentivos, Lima no tendría gas porque, inicialmente, no había demanda porque era una industria naciente. Queda claro que un análisis costo/beneficio nos dice que esos incentivos fueron necesarios y rentables. Otros no lo son y deben ser eliminados, tema sobre el cual volveremos en un próximo artículo. Lo dicho sobre la reforma tributaria va para el mediano plazo. Hoy, para reactivar, hay que elevar la meta de déficit fiscal de 3% del PBI este año 2017 y dedicarlo a la inversión pública para la reactivación y la reconstrucción. Para que al gobierno y a la gente, a ambos, les vaya bien, de verdad. (1) Ver “Recaudación fiscal y beneficios tributarios al sector minero”, por Flores, Quiñónez, Baca y de Echave en www.cooperaccion.gob.pe
