Urge mesa de diálogo con los estudiantes de Ucayali

Cuando los canales institucionales funcionan, los conflictos universitarios se resuelven en mesas de diálogo, comisiones investigadoras y mecanismos de rendición de cuentas. Esa es la razón por la que existen la Sunedu, la Defensoría Universitaria y los propios órganos de gobierno de cada casa de estudios.

En Ucayali, esos canales fallaron. Los estudiantes llevan desde mayo denunciando presuntos actos de corrupción y sobrevaloración de servicios en la universidad nacional, sin que ninguna autoridad competente haya respondido con una comisión investigadora ni con una salida institucional al conflicto. Lo que encontraron, en cambio, fue una sesión del Consejo Universitario que el propio vicerrector académico calificó de ilegal y, la noche de este lunes 6 de julio, perdigones dentro de su propio campus.

Resultaron heridos al menos 10 universitarios, algunos con impactos en la zona abdominal. Una madre llamó desesperada desde las afueras y dijo que su hija no podía respirar.

El rector Edgardo Braul escapó bajo custodia policial, presuntamente usando un uniforme de la PNP y, posteriormente, las puertas del campus fueron soldadas para impedir el reingreso de los estudiantes. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó la represión. La FEU denunció el uso desmedido de la fuerza dentro de la casa de estudios.

Ese contexto importa por una razón que va más allá del caso puntual. La ley del fuero militar policial, aprobada por el Congreso hace menos de un mes, transfiere al fuero castrense los delitos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones, incluidos los actos de orden público. Si esa ley se promulga, los efectivos que dispararon perdigones contra estudiantes universitarios quedarían procesados en el fuero militar, no en el Poder Judicial. Esto, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional ya estableció que los delitos contra la vida y la integridad física no pueden juzgarse en esa jurisdicción. La nueva ley busca exactamente lo contrario.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Fiscalía tienen la responsabilidad de actuar en Ucayali. El gobierno actual tiene la responsabilidad de observar la ley del fuero militar antes de que se promulgue. Los estudiantes que protestaron por corrupción en su universidad ejercieron un derecho constitucional. Recibieron perdigones en el abdomen. Esa es la cara concreta de las leyes del fujimorismo que se aprueban al caballazo sin que nadie responda por ellas.