El gobierno cerrado, por César Azabache Caracciolo

La posibilidad de tener a Luis Carranza en el centro del gabinete ha salido de escena. Como símbolo de reemplazo, la señora Fujimori ha logrado sentarse a la mesa con un Julio Velarde que ha aceptado permanecer cinco años más al frente del BCR, la más importante de las entidades autónomas que no han sido tocadas por el ciclo de demolición. El gesto le asegura al gobierno comenzar el período ganando la primera votación difícil del Senado: la ratificación del presidente del BCR. Pero no constituye un verdadero reemplazo de la oferta que se hizo en los debates: tener al frente a alguien como Carranza.

En lo que se refiere a su propio gobierno, la señora Fujimori parece decantarse por cerrarse hacia adentro, hacia su entorno más cercano. Se ha voceado a Luis Galarreta al frente de la PCM. Cerrarse para gobernar un país dividido, con un Congreso también dividido. El movimiento equivale a entrar a la defensiva a una mesa de negociaciones que tiene una agenda y una lista de personajes aún en construcción. Un pésimo negocio.

Un primer ministro dedicado a sostener la plataforma política de la presidenta puede perder capacidad para concentrarse en los detalles del manejo del Estado. El vacío que puede dejar es inmenso. Interior, Defensa y Justicia forman el eje desde el que debe abordarse la seguridad; Energía y Minas, el espacio de definición de la forma en que serán encarados el Reinfo, las plantas de beneficio y la exportación de metales de origen incierto; Salud, Educación, Agricultura, Desarrollo y Mujer concentran las políticas sociales; Vivienda y Transporte arrastran déficits históricos de corrupción.

Casi todos los sectores del gobierno enfrentan emergencias originadas por la enorme dejadez exhibida durante el período de desmontaje y esa reciente canibalización del Estado que aún no termina. El nuevo gobierno tiene que volver a profesionalizar la gestión pública, y ese será un esfuerzo no menor. A esta urgencia hay que sumar la necesaria generación de un espacio de coordinación central capaz de enfrentar el fenómeno de El Niño, de inminente arribo: un dispositivo que no puede crearse sin abrir las puertas a la gestión de una plataforma negociada, plural, no 'creada hacia adentro'.

Un primer ministro elegido para proteger a la presidenta probablemente termine dejando amplios márgenes de maniobra en todos estos espacios. La elección de los personajes que ocupen cada asiento tendrá que entenderse como la construcción de un entramado de trayectorias y relaciones ya establecidas. En las condiciones actuales, el gobierno no tiene espacio para repartijas ni improvisaciones de ningún tipo.

En el camino, la señora Fujimori desperdició su primera oportunidad de mostrarse distinta de lo que hasta ahora ha sido. Respaldar la reinstalación de los tribunales militares y policiales para juzgar crímenes contra civiles ha sido un movimiento que revela cuánto pueden pesar las deudas adquiridas en estos años sobre las decisiones del gobierno que se instalará en julio. De hecho, la medida se hizo pública mientras se difundía la primera acusación fiscal por las muertes ocurridas durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022. Toda una señal de continuismo con lo que ha representado el ciclo de demolición. Además, la decisión proyecta una pésima señal sobre la concepción de la seguridad del nuevo gobierno: proteger a los agentes del Estado hagan lo que hagan, antes que proteger a las personas, es precisamente el error que desembocó en las movilizaciones de transportistas de septiembre de 2024 en defensa de sus propias vidas.

La seguridad comprende la vigilancia de las calles y de las cárceles. Pero, además de las cárceles, compromete a los tribunales y las leyes. Quien quede a cargo de Justicia deberá definir la manera en que el gobierno se parará frente a un Congreso que no estará sometido a su control y frente a los enclaves que deja el período de la demolición, especialmente la Junta Nacional de Justicia.

La Junta, por cierto, ha originado una nueva crisis por su intromisión en un asunto que no le compete: revisar decisiones de la Corte Suprema sobre un caso tan sensible para el fujimorismo como el de las esterilizaciones forzadas. La crisis ha quedado anunciada en el momento en que la Junta requirió a la Corte Suprema una explicación sobre las razones por las que declaró imprescriptible la persecución de este caso en junio de 2022. Muy sugestivo, además, que el requerimiento se haya hecho antes de que la Corte programe la audiencia final del caso Espinoza vs. Rospigliosi por difamación. La temporalidad de los hechos justifica preguntarnos si la intromisión de la Junta puede terminar alterando o no la conformación de la Sala que debe revisar la condena impuesta al actual presidente del Congreso. Sería una pésima idea que la crisis tome esa dirección. Sería de esperar que quien asuma Justicia se desmarque de este asunto y se desmarque de la Junta en su conjunto. A fin de cuentas, un sistema que entra en un ciclo de negociaciones políticas abiertas necesita tribunales independientes, y la Junta no representa ninguna garantía para establecerlos ni para proteger los que ya existen.

Los tiempos de la demolición han terminado, o deberían haberlo hecho. En las condiciones actuales, sería una pésima idea alentar nuevas crisis definidas solo por el peso inercial de ese ciclo que no termina de cerrarse y la enorme cantidad de compromisos adquiridos con el paso del tiempo.

Además de la conformación del gobierno y de lo que ofrezca en esta compleja escena, sector por sector, la disputa más importante se refiere a la agenda pública que aún debe establecerse. El régimen que comienza no ha ofrecido equilibrio, sino orden. La diferencia entre ambas concepciones salta a la vista. Pero, en el terreno de los hechos prácticos, aún está por verse.