El precio oculto de "concesionar" Talara, por Pedro A. Castro Balmaceda

Mientras el Gobierno y ProInversión hablan de "reorganización patrimonial" y "eficiencia operativa", lo que está en juego es mucho más simple y mucho más grave: quién va a controlar el combustible que mueve al país, y a qué precio se lo va a vender a treinta millones de peruanos.

Un activo de 6.000 millones de dólares, entregado en plena crisis

La Nueva Refinería de Talara costó al Estado peruano más de 5.000 millones de dólares y fue inaugurada recién en diciembre del 2023. Este miércoles, con pérdidas operativas que el propio MEF calcula en más de 1.700 millones de dólares entre 2022 y 2025, se prepara para ser el primer "bloque patrimonial" que ProInversión entregará a gestión privada, con concesiones que —según ha confirmado el propio presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio— podrían extenderse hasta por 60 años. El propio Del Carpio lo dijo sin rodeos: "el decreto de urgencia establece el nombre propio Refinería de Talara. Entonces mi respuesta sería que sí". El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) no ha dudado en llamar las cosas por su nombre: una privatización encubierta, disfrazada de "asociación público-privada" para evitar el desgaste político de la palabra prohibida.

Madrid: la opacidad que alimenta la sospecha

Entre el 4 y el 6 de junio del 2026, una delegación oficial peruana —encabezada por el MEF, con ProInversión a bordo— presentó en Madrid, ante empresas y fondos españoles, su cartera de Asociaciones Público-Privadas para 2026-2028, que en ediciones anteriores incluyó explícitamente paquetes de electricidad e hidrocarburos por miles de millones de dólares. España no es un destino cualquiera: es el principal socio inversionista europeo del Perú, y en hidrocarburos ninguna empresa tiene más historia —ni más controversia— en el país que Repsol. No hay registro público de una reunión bilateral confirmada entre funcionarios peruanos y Repsol sobre Talara en ese roadshow. Pero la pregunta sigue siendo legítima: cuando el Estado sale a vender en Madrid, ante el sector energético español, un activo que el propio gobierno admite que "saldrá a buscar capital privado", la opacidad sobre quién se sienta en esas mesas es en sí misma motivo de alarma social.

El fantasma de los noventa: Repsol ya estuvo aquí

No hace falta especular sobre el futuro: basta mirar el pasado. En la privatización de los noventa, bajo Alberto Fujimori, la Refinería de La Pampilla fue vendida a un consorcio liderado por Repsol España e YPF Argentina por apenas 272 millones de dólares. Desde entonces, ese activo ha generado más de 72.000 millones de dólares en ventas, según el economista Jorge Manco Zaconetti. El Estado se deshizo de un activo estratégico a precio de regalo. A esto se suma que Petroperú y Repsol se retiraron juntas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), dejando al Estado con 1.000 millones de soles en deuda frente a privados. No es un actor neutral entrando por primera vez: es un jugador con historial de salidas convenientes y de beneficiarse de activos estatales subvaluados.

Oligopolio, inflación y la canasta básica

Si Talara —con capacidad de hasta 95.000 barriles diarios— termina bajo un operador con presencia ya consolidada en el país como Repsol, el resultado no es competencia: es concentración. Sin un competidor estatal de tamaño real que sirva de contrapeso, no hay quién le ponga límite al precio del galón en el grifo. Y el combustible no es un producto más: es el insumo detrás del transporte, los alimentos, el gas y la electricidad. Cuando sube el diésel, sube el flete; cuando sube el flete, sube el precio de la papa, del pan, del pasaje. STAPP ya lo ha advertido: la privatización "puede afectar directamente al precio de los combustibles y la canasta básica familiar". No es retórica: es la consecuencia directa de entregar el control de la oferta a un actor cuyo incentivo legítimo es maximizar ganancia, no garantizar abastecimiento.

La crisis social que ya vivimos una vez

Quienes tienen memoria de los noventa saben cómo termina esta historia del lado laboral: miles de despidos, puestos estables desaparecidos y el colapso de decenas de contratistas que dependían de las operaciones en Talara y el norte del país. El esquema actual repite el patrón —concesiones largas, "racionalización" de planilla como condición del rescate financiero— y amenaza no solo a los trabajadores directos de Petroperú, sino a toda la cadena de mantenimiento, transporte y servicios auxiliares que hoy depende de Talara.

Lo que está realmente en disputa

Más allá del nombre que se le ponga —concesión, APP, bloque patrimonial—, lo que está en juego es si el Perú conserva una herramienta real de soberanía energética y control de precios, o si la entrega a un mercado donde unos pocos actores, ya beneficiados una vez con activos estatales subvaluados, deciden cuánto paga cada peruano por moverse, cocinar y producir. La transparencia sobre quién participa en estos procesos no es un capricho sindical: es la condición mínima para saber si lo que se vende como "modernización" es, otra vez, el mismo guion de los noventa, con otro nombre, pero con el mismo apellido: Fujimori.