La mitad que no desaparece

Que el Perú residente en el exterior haya votado distinto al Perú que vive dentro del territorio nacional es una información que nos debe llamar a reflexionar. No implica solo dos experiencias distintas del país: implica también una fractura adicional sobre la fractura de siempre —la del Perú limeño contra el Perú de las regiones, la del Perú con opciones contra el Perú que carga las consecuencias—. El fujimorismo conoce bien esa geografía. En 2021 presentó 802 recursos de nulidad para anular votos del sur y el centro; en 2026 repite la fórmula con siete recursos contra Puno, y el JEE los declara infundados por insuficientes. No hace falta decirlo para que el lector lo vea.

Juntos por el Perú ha recurrido a los mecanismos institucionales disponibles para cuestionar resultados que considera irregulares. Los reclamos realizados merecen una evaluación seria, para el respeto del voto de todos. Y el hecho de que la ciudadanía haya financiado colectivamente las tasas que el partido no podía cubrir por sí solo no es un dato menor: dice algo sobre el tipo de apoyo que moviliza este proceso. Hay que decir también que los recursos declarados improcedentes en primera instancia no fueron derrotados en el fondo, sino en la forma, por falta de pago de tasas. Ahora, JP tiene la responsabilidad de sostener su reclamo con la solidez que la gravedad de la denuncia exige: no basta usar las herramientas del sistema, hay que usarlas bien.

Pero aun si los mecanismos institucionales resuelven la disputa, no resolverán la fractura. Un país que termina 50.11% contra 49.89% no está ante un empate técnico: está ante un mapa. Y ese mapa tiene nombre y dirección. El Perú que votó por Sánchez dentro del territorio —el sur, las regiones, los que cargan la informalidad y la inseguridad— no va a desaparecer el 28 de julio, cuando asuma el nuevo gobierno. La división no es un accidente del conteo. Es la política misma diciéndonos algo que preferiríamos no escuchar: que gobernar para la mitad es la tentación permanente del poder en el Perú y que la otra mitad lleva décadas pagando esa cuenta.

Y esa cuenta tiene rostros. Son los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que llevan años exigiendo verdad y justicia, y que saben por experiencia propia lo que significa que el Estado decida que sus muertos no cuentan. Son los defensores comunitarios criminalizados por oponerse a proyectos extractivos que no les dejan ni el agua. Son las mujeres esterilizadas a la fuerza, cuyo caso sigue sin condena o cuyos reclamos son burlados por negacionistas. La fractura electoral no es abstracta: se mide en impunidad acumulada, en instituciones debilitadas adrede, en un Congreso que —mientras se contaban los votos— aprobó en primera votación una ley para que los delitos de policías y militares contra la ciudadanía que se moviliza sean juzgados únicamente por fueros militares y policiales, blindándolos ante la justicia ordinaria. Gobernar ignorando esa mitad no es solo injusto. Es, como ya lo hemos visto, peligroso.

La pregunta no es si el fujimorismo tiene historia de hostigar y perseguir a quienes se movilizan. La pregunta es qué garantiza que ahora, con la presidencia además del Congreso, no lo hará con más furia y ensañamiento. Y la respuesta más honesta es que no todos pueden protegerse por igual de esa furia. El miedo es legítimo. Y nombrarlo también lo es.