Eliana Carlín

El balotaje tibio (y lo que hierve por debajo), por Eliana Carlín

"El Congreso saliente afronta su propio impulso final. Con los días contados, la mayoría conservadora y fujimorista refuerza su agenda antiderechos en lo que parece una carrera desesperada por dejar la cancha sembrada antes de entregar el mando".

El balotaje tibio (y lo que hierve por debajo), por Eliana Carlín hnews

La República

El INEI acaba de publicar sus cifras de pobreza monetaria y el resumen es brutal: Loreto con 40,1%, Huánuco con 35,7%, y el dato que debería paralizarnos: el 46,2% de la población en hogares cuyo jefe tiene lengua materna indígena amazónica vive en pobreza. Casi el doble del promedio nacional. No son simples estadísticas. Es una generación entera de peruanas y peruanos que no va a poder desarrollar su potencial de vida porque, una vez más, quienes gobiernan miran hacia otro lado.

La Amazonía no es pobre porque esté lejos. La Amazonía es pobre porque el sistema fue diseñado sin ella. Un producto que en Lima llega en camión desde el puerto en pocas horas, en Loreto o Ucayali recorre días por vía fluvial, atraviesa múltiples intermediarios y llega encarecido en un 40%, 60% o más. Sobre ese precio ya inflado por la distancia y el abandono logístico, se aplica el mismo IGV que paga un consumidor de Miraflores. El consumidor amazónico paga más por el mismo bien y tributa igual que quien vive a metros de un supermercado. Eso no es neutralidad fiscal. Es, en la práctica, una penalidad disfrazada de igualdad.

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El Proyecto de Ley 13859 propone exonerar el IGV a todo el consumo en la Amazonía (compras, servicios e importaciones). La urgencia es real: hay 2,3 millones más de pobres en el Perú que antes de la pandemia. El costo de no tomar medidas inmediatas se mide en bienestar no realizado, en capital humano que no se desarrolla, en vidas que se quedan a mitad de camino. Una medida que abarata bienes esenciales impacta en la vida diaria de peruanas y peruanos, además de reactivar la demanda, formalizar el comercio y puede ampliar la base tributaria a mediano plazo.

Esto no es ni tiene que ser la solución definitiva. El mercado interno amazónico tiene que desarrollarse, la infraestructura de conectividad es una deuda histórica, y las políticas de largo plazo para que estas regiones dejen de depender de excepciones tributarias son urgentes y no negociables. Pero mientras eso se construye —y tiene que construirse con urgencia real, no con mesas de trabajo interminables— la gente vive hoy. Come hoy. No puede esperar más.

Hay una diferencia fundamental entre igualdad y equidad. Aplicar el mismo IGV en Iquitos que en Lima no es justicia fiscal: es indiferencia. Y la indiferencia sostenida por décadas, vestida de neutralidad técnica, tiene consecuencias que no son abstractas. Son el 46,2%. Son las niñas y los niños amazónicos que nacen con menos posibilidades, no por falta de capacidad, sino por falta de Estado. Eso tiene solución. La pregunta no es si podemos. La pregunta es si, esta vez, el Congreso va a querer.

Eliana Carlin

La pobreza amazónica no es inevitable, por Eliana Carlin

Cristian Vilcatoma Águila tenía 18 años y había cumplido la mayoría de edad un día antes de su muerte. Estudiaba en Huancayo y jugaba de centrocampista en el Club Sport Juventud Buena Libra Vizcatán. William Núñez Soto, conocido como El Flaco, tenía 19 años, era natural de Yauli y atajaba en los partidos de Copa Perú que tanto amaba. Jaime Bendezú Paraguay, de 28 años, era agricultor en Colcabamba, soñaba con ser danzante de tijeras y dejó atrás a una hija de apenas un año. Wilder Romero Sivi Páucar, de 30 años, había salido de Pichanaqui hacía una década para echar raíces en Colcabamba, donde vivía de la chacra y del fútbol de los fines de semana. El quinto era Nilsson Eduardo Montenegro, un joven colombiano de 22 años que llevaba años viviendo en Huancayo. Los cinco iban en la misma camioneta, camino a un campeonato local, cuando una patrulla del Ejército Peruano abrió fuego unilateral contra ellos.

En los últimos días hemos visto desoladoras imágenes del dolor de sus madres, sus padres y sus hermanos. Las investigaciones posteriores a este crimen han arrojado preocupantes conclusiones: los atacantes estaban vestidos de civil; se les detuvo primero y se les liberó después; un sobreviviente fue amenazado para autoinculparse de un delito que no cometió y, finalmente, un testigo escuchó: &#039;No hay nada, hay que sembrar&#039;. Tal vez quienes tienen poder están muy ocupados pensando en auditorías de un fraude inexistente, o quizás nos hemos acostumbrado a mirar de lado cuando el dolor es de &#039;ajenos&#039;.

¿Por qué ocurren este tipo de hechos en las segundas vueltas en el país? Recordemos la masacre ocurrida en San Miguel del Ene (Vraem), en mayo del 2021. No hay respuestas sobre lo que pasó entonces y todo parece indicar que tampoco las habrá ahora. Con hechos de sangre como este, no es posible que la ciudadanía confíe en las fuerzas de seguridad; tampoco es posible pensar que los peruanos de las regiones tienen la misma importancia que la gente de Lima para las élites que nos gobiernan, desde el poder o desde el dinero. Es un dolor lejano, ajeno.

La impunidad no es solo la ausencia de castigo; es un mensaje que el Estado envía a la ciudadanía más vulnerable: que sus vidas valen menos, que su dolor importa menos, que su muerte puede ser sembrada con una coartada y enterrada con el silencio. Una sociedad que no puede garantizar que sus fuerzas del orden rindan cuentas es una sociedad que regresó al estado de naturaleza, donde el más fuerte decide quién vive y quién muere. Y eso —no el fraude que nunca existió— es la verdadera amenaza a la democracia peruana.

El dolor de los ajenos, por Eliana Carlin

Aunque en este país nunca se sabe, todo parece indicar que la segunda vuelta presidencial ya tiene protagonistas confirmados. El operativo desplegado para invalidar el proceso electoral —sobre el que hay mucho por decir— no ha concluido, pero en ese escenario ya de por sí complejo irrumpió una crisis política interna que ha producido la caída de 2 miembros del Gabinete, el desembolso forzado de US$462 millones y la confirmación definitiva de la absoluta intrascendencia del señor José María Balcázar, seudopresidente de la República.

Más allá de las explicaciones ofrecidas por la Embajada de los Estados Unidos —que invoca una negociación previa y compromisos adquiridos—, lo que la ciudadanía ha presenciado es profundamente vergonzoso: una subordinación inaceptable para cualquier Estado que se pretenda soberano. El embajador Bernie Navarro, representante del régimen de Donald Trump, amenazó públicamente a través de sus redes sociales con que Washington emplearía &#039;todas las herramientas disponibles&#039; contra quienes negociaran &#039;de mala fe&#039;, y lo hizo en el preciso momento en que Balcázar, en un acto de mínima prudencia institucional, señaló que correspondía dejar una decisión de tal magnitud al gobierno que el pueblo eligiera en las urnas. Era la comprensión elemental de que un Ejecutivo interino, sin mandato popular, carece de legitimidad para comprometer US$3.500 millones en armamento extranjero mientras el país arrastra enormes brechas sociales sin resolver.

La ciudadanía volvió a ver cómo su voluntad soberana era doblegada, esta vez no por ejércitos, sino por contratos, presiones diplomáticas y funcionarios propios que actuaron como correa de transmisión del poder del otrora hegemón. Pese a la posición declarada de Balcázar, el ministro de Economía ejecutó el pago de US$462 millones en abierta contradicción con la postura del presidente, con el respaldo del primer ministro Luis Arroyo y de un Ministerio de Defensa que ya había suscrito el contrato el 20 de abril a espaldas —o con el silencio cómplice— del jefe de Estado. Como remate, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa Carlos Díaz presentaron sus renuncias acusando a Balcázar de mentir al país: un espectáculo de funcionarios que firmaron lo que debían firmar y luego se marcharon escandalizados.

El rol activo del embajador Navarro merece una mirada más profunda. Sus apariciones públicas, declaraciones en medios, mensajes en redes y la diplomacia de los gestos informales forman parte de una estrategia que no es nueva, pero que en este caso ha sido inusualmente explícita. El fondo de este episodio no es técnico ni militar: es geopolítico. Perú es este miércoles un campo de disputa central entre las dos potencias que definen el orden mundial en transición. China es nuestro mayor socio comercial desde hace más de una década y acaba de iniciar operaciones en el megapuerto de Chancay, una obra que redefine el rol del país en la cadena logística del Pacífico Sur. Frente a ese avance, Washington busca reafirmar su presencia a través de palancas clásicas: la dependencia militar, la integración tecnológica de los sistemas de armas y la subordinación de las Fuerzas Armadas a la doctrina del Pentágono. Los F-16 no son solo aeronaves: son un instrumento de alineamiento estratégico.

En este contexto, la apuesta por la multipolaridad no es una postura ideológica opcional: es una necesidad de Estado. Un Perú que aspire a ejercer soberanía real necesita una política exterior coherente. Con elecciones a la vuelta de la esquina y Roberto Sánchez —quien presidió la Comisión Especial Multipartidaria del Puerto de Chancay— posicionado en la segunda vuelta, la disputa por el rumbo estratégico del país llega en el peor momento institucional posible: con un gobierno interino sin autoridad, una Cancillería decapitada y un Ministerio de Defensa que ha demostrado actuar con mayor lealtad a sus interlocutores externos que a su propio presidente. Lo que este episodio ha dejado al desnudo no es solo la debilidad de Balcázar. Es la ausencia, en las actuales élites políticas y burocráticas del Perú, de algo tan elemental como el sentido de dignidad nacional.

Los F-16 y la crisis de la soberanía, por Eliana Carlin

Mientras escribo estas líneas no parece estar completamente definido quién pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. El nivel de violencia mostrado por Rafael López Aliaga en los últimos días demuestra que un escenario con Renovación Popular en segunda vuelta estaría plagado de altisonancias y agresividad, pese a que el fujimorismo es ideológicamente su primo hermano.

De pasar a segunda vuelta Roberto Sánchez, como parecen indicar la mayoría de proyecciones, vendría hacia delante una campaña con una polarización enorme, probablemente con violencia interpersonal en varios niveles y la aparición de nuestras peores fracturas como sociedad. Una reedición de lo ocurrido en 2021, pero como una secuela no esperada por muchos.

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se encuentra disputando ahora mismo su pase a segunda vuelta. Me detengo en este punto para reflexionar sobre los denodados esfuerzos que se han venido desarrollando desde distintas organizaciones, empresas y personas naturales para impedir que esto ocurra. Más concretamente, para buscar que los peruanos no voten por una alternativa similar a esta. Sin ánimo de hacer una crítica árida, estos resultados muestran que el establishment se sigue mirando el ombligo.

Si bien creo que parte desde una intención buena, querer enseñarle civismo a las personas para civilizar sus votos y sus percepciones sobre la sociedad es un enfoque errado y paternalista. Ha llegado el momento de asumir humildemente que desde el establishment limeño se necesita aprender, si de verdad se busca tener una república posible, vivible. ¿Qué genera el voto anti-establishment?, ¿por qué el mayor clivaje que tenemos hoy es Lima-regiones?, ¿hemos hecho lo suficiente para abordar las brechas sociales que nos afectan hoy?

Los resultados de hoy son, también, el resultado de años de mirar sin ver. El establishment tiene ahora una oportunidad —no de corregir al votante, sino de aprender de él. De entender, de una vez, que la república posible no se construye desde arriba hacia abajo. Se construye cuando alguien, por fin, decide escuchar de verdad.

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