Una Ley ESI para una vida libre de violencia, por Misión Educación

*Colabora Patricia Carrillo Montenegro, Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos!

El Perú mantiene una deuda profunda con las infancias: la desprotección, el abandono y la impunidad frente a la vulneración de sus derechos. Se siguen deshaciendo garantías fundamentales para proteger sus vidas, sus cuerpos y su salud, así como su derecho a crecer en entornos seguros y libres de violencia.

La aprobación de normas contrarias a los derechos humanos, al enfoque de género y la Educación Sexual Integral ha profundizado esta indefensión. La violación de 524 niñas y adolescentes awajún y wampis por sus propios docentes sigue impune pese a haber sido denunciada hace más de una década. A ello se suma el estigma y la discriminación de las autoridades que debían ejercer su defensa. No se trata solo de indiferencia: es la evidencia de un Estado que sigue fallando en la protección de las infancias y adolescencias.

En el año 2025 el Programa Warmi Ñan del MIMP atendió 64,345 casos de violencia contra NNA, el 68% de las víctimas fueron mujeres y el 32% hombres. De estos, 21,609 casos corresponden a violencia sexual. En este mismo año, se registraron 34,383 casos de embarazo adolescente.

La Alianza por una Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos! ha revisado los planes de gobierno de 36 organizaciones políticas en carrera electoral. El resultado es alarmante: apenas 04 mencionan la ESI y plantean propuestas en materia de capacitación, prevención del embarazo en adolescentes y la violencia sexual.

Esta omisión es muy preocupante, dado que se trata de una demanda legítima de la comunidad educativa, de las familias, de los propios adolescentes y de una sociedad que no puede seguir tolerando retrocesos en derechos. Demandamos un compromiso explícito para derogar todas las normas antiderechos, restituir la ESI desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad y basada en evidencias, abordando de manera integral lo biológico, social, emocional, las relaciones y el cuidado, la prevención de la violencia, la igualdad de género y el respeto a la diferencia y la diversidad.

Las organizaciones políticas que se comprometen con la ESI deben apostar por una ley que la consolide como política nacional multisectorial que garantice una vida plena, responsable y libre de violencia, que salde la deuda con nuestras infancias y adolescencias.