Dato mata relato: falacias sobre el sector público en el Perú , por Fernando Cuadros Luque

En los últimos meses se viene señalando que las remuneraciones de los trabajadores estatales están creciendo desmesuradamente, al igual que el empleo público y, por tanto, el costo de la planilla estatal. También se ha mencionado que el Estado peruano tiene un tamaño excesivo y debería reducirse. ¿Esto realmente es así?

A continuación, analizaré cuál es la verdadera situación del sector público en nuestro país, sobre la base de información estadística oficial.

¿El Estado peruano es demasiado grande?

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la recaudación tributaria en el Perú representa apenas el 14% del Producto Bruto Interno (PBI), ubicándose por debajo del promedio latinoamericano, que asciende al 21%, y a años luz de la media en los países OCDE (mundo desarrollado), que es de 34% (con naciones que superan el 40%).

Evidentemente, con esa ridícula presión tributaria resulta imposible contar con un Estado que cumpla sus funciones a cabalidad, brindando servicios públicos de calidad (como educación, salud, seguridad, transporte, entre otros) y desarrollando la infraestructura productiva del país (puertos, aeropuertos, carreteras, etc.).

A partir de las cifras indicadas, podemos señalar que tenemos un Estado pequeño, incluso para estándares latinoamericanos.

¿Hay un exceso de trabajadores estatales?

En el Perú existen 1,5 millones de trabajadores estatales, quienes representan el 9% de todo el empleo del país, participación que se ha mantenido estable en las últimas dos décadas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Nuevamente, dicha cifra se ubica bastante por debajo del estándar registrado en el mundo desarrollado, donde, en promedio, el 20% del empleo está en el sector estatal.

Con una participación tan pequeña del empleo público en el caso peruano, es inviable lograr una cobertura adecuada de las funciones estatales a lo largo del país, sobre todo en materia de educación, salud y seguridad.

¿Las remuneraciones estatales crecen desmesuradamente?

Si bien con la implementación de la negociación colectiva de materias económicas en el Estado desde el año 2022 las remuneraciones nominales han mejorado para los trabajadores públicos, ello todavía no se ha traducido en un incremento de su poder adquisitivo, que es lo relevante.

Así, según el INEI, la remuneración promedio real (poder adquisitivo) de los trabajadores estatales se ubica 2% por debajo del nivel que tenía el año 2019, antes de la pandemia generada por el COVID-19.

Ello debido a que los incrementos remunerativos nominales alcanzados en los años 2022 y 2023 fueron inferiores a la inflación, además del fuerte golpe a las remuneraciones reales generado por la recesión del año 2020.

¿Las remuneraciones estatales superan significativamente a las del sector privado?

De acuerdo con el INEI y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la remuneración mensual promedio en el sector público asciende a S/ 2919, mientras que en el sector privado formal es de S/ 2772; es decir, son muy parecidas.

Si bien, como se mencionó, la implementación de la negociación colectiva de materias económicas en el sector estatal desde el año 2022 ha contribuido a mejorar las remuneraciones de los servidores públicos, ya en el periodo 2008-2021 habían convergido al nivel remunerativo promedio del sector privado formal.

Para evitar que las remuneraciones en el sector privado queden rezagadas respecto a las del sector público, se deberían implementar políticas que fomenten la sindicalización y la negociación colectiva en los diversos segmentos empresariales privados, debido a que constituyen las principales herramientas con que cuentan los trabajadores para convertir el crecimiento económico y las mejoras de su productividad en mayores remuneraciones.

En esa línea, uno de los factores que ha contribuido al logro de incrementos remunerativos en el sector estatal es el crecimiento de la tasa de afiliación sindical en 5 puntos porcentuales en el último lustro (fuente: Planilla electrónica del MTPE).

¿El costo de la planilla pública es excesivo?

Según el MEF, entre los años 2014 y 2025 el costo anual de la planilla pública pasó de S/ 38 mil millones a S/ 85 mil millones, cifra que podría sonar exorbitante. Sin embargo, el referido costo nunca dejó de representar el 7% del PBI durante el periodo en mención (a excepción del 2020, por la recesión generada por la pandemia), lo cual nos muestra que el gasto en planilla ha ido de la mano con el crecimiento de la economía nacional y, por tanto, no debería afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas (ver gráfico).

Cabe precisar que el costo de la planilla pública nacional en relación al PBI también se ubica bastante por debajo del estándar del mundo desarrollado (países OCDE).

Epílogo

Lo señalado no quiere decir que el Estado peruano venga gestionando adecuadamente sus actuales recursos humanos, lo cual afecta la calidad de las políticas y servicios públicos brindados a la ciudadanía.

Pero ello no se soluciona reduciendo más su tamaño ni precarizando las condiciones laborales de sus trabajadores, sino, principalmente, acelerando la implementación de la reforma del servicio civil (Ley 30057), lo que requiere destinar los recursos públicos correspondientes.

Dicha reforma establecería un régimen meritocrático y la posibilidad de una carrera en el Estado, brindaría estabilidad a los trabajadores (vinculada a su buen desempeño), mejoraría sus condiciones laborales, permitiría acceder a mejor capacitación y simplificaría la gestión del empleo público con reglas uniformes.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) estimó un costo anual de implementación de la mencionada reforma de S/ 8 mil millones en lo que respecta al gobierno nacional y los gobiernos regionales. Lamentablemente, el Congreso prefiere seguir regalándole miles de millones de soles vía recortes tributarios a empresas que no los necesitan, como es el caso de las grandes agroexportadoras, con la anuencia del Poder Ejecutivo.

Debido a esa falta de voluntad política, apenas algo más de 4 mil trabajadores públicos han transitado al nuevo régimen del servicio civil desde su creación en el año 2013, siendo un resultado paupérrimo y lamentable.

Por otro lado, para mantener el orden en la gestión de las remuneraciones en el sector público, resulta fundamental que las mejoras salariales se realicen exclusivamente a través de la negociación colectiva, en el marco de la capacidad financiera del Estado peruano.

El Congreso debe abstenerse de aprobar incrementos remunerativos que no hayan sido acordados en el marco de los procesos de negociación colectiva estatal.

Nuestro país necesita más y mejor Estado, que busque el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.