Pedro Grández: La promesa de la igualdad y el "triunfo" de los privilegios

Pedro P. Grández Castro, Profesor universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Al finalizar el 2025, el horizonte del Perú vuelve a ser incierto. Las promesas que acompañaron los primeros años del nuevo milenio —cuando se anunciaba un recomienzo tras la caída del régimen autoritario y corrupto de Fujimori— parecen haberse desvanecido. Hoy, los herederos de aquel régimen perverso han reaparecido con renovados bríos, no ya para “rescatar lo que tuvo de bueno”, sino para reivindicarlo de manera abierta y desafiante, incluyendo sus crímenes más abyectos.

Baste recordar aquella ceremonia en Palacio de Gobierno en la que, junto a la señora Boluarte, el fujimorismo celebró la promulgación de una ley de amnistía, invitando incluso a algunos generales del régimen condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Se trató de un acto simbólico de burla hacia la ley, hacia los compromisos internacionales del Estado peruano, hacia las propias víctimas y, en definitiva, hacia la memoria colectiva del país. Hay que admitirlo: fue una derrota de la justicia, de la verdad y de la memoria, pero también una derrota de la igualdad ante la ley y de la promesa misma de los derechos humanos como logro civilizatorio.

Si nos preguntamos cómo hemos llegado a este frustrante desenlace, las respuestas pueden ser múltiples. Quizá convenga, sin embargo, detenernos en la importancia de la promesa de la igualdad como conquista frente a los privilegios. Se trata de revertir aquel dicho popular que decía: “hay de quienes pierden el poder hasta el punto en que les alcanza la ley”.

La igualdad fue, en efecto, la gran promesa de las sociedades modernas. Las revoluciones democráticas se hicieron en su nombre y los autores más influyentes la presentaron como el emblema de la lucha contra los privilegios y los gobiernos despóticos. Sin embargo, dado que seguimos viviendo en sociedades aberrantemente desiguales, la mejor manera de abordar los desafíos de la igualdad en el constitucionalismo democrático es reflexionar sobre ella desde el mal que representan esas desigualdades persistentes.

Como ha escrito Luigi Ferrajoli en su Manifiesto por la igualdad, la igualdad es jurídicamente relevante porque somos diferentes y, al mismo tiempo, desiguales. Reconocer nuestras diferencias exige que el sistema político las tome en cuenta para protegerlas del mismo modo. Hombres y mujeres somos diferentes, y por ello las políticas públicas deben ser diferenciadas si se quiere cumplir la promesa de la igualdad con justicia. Del mismo modo, las identidades culturales de las comunidades de la sierra y de la selva exigen políticas educativas, lingüísticas y culturales específicas, si se pretende garantizar la igual dignidad de todas las personas. En síntesis, la igual consideración y el respeto por nuestras diferencias se fundan también en el principio de igualdad.

Algo similar ocurre con la exigencia de igualdad frente a las desigualdades económicas y sociales. Aquí se trata del acceso efectivo a los derechos sociales básicos. Mientras que las diferencias de credo, identidad u opciones políticas reclaman igualdad en el acceso a los derechos civiles y políticos, las desigualdades materiales exigen igualdad en las condiciones de acceso a derechos como la educación, la salud, la seguridad o la vivienda. Como proclama la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, “que nadie quede atrás” significa que nadie, por su condición social, geográfica o cultural, quede privado de los bienes esenciales para su desarrollo como persona.

Aunque durante mucho tiempo se sostuvo que los derechos de libertad debían tener prioridad sobre los derechos sociales, hoy existe un amplio consenso doctrinal sobre la interdependencia entre ambos. Una educación pública de calidad, por ejemplo, forma ciudadanos más conscientes del pluralismo y mejor preparados para ejercer sus derechos civiles y políticos. Invertir en educación, salud e infraestructura pública, no solo fortalece los derechos sociales, sino también el derecho a la vida, a la integridad y al respeto a los derechos de todos.

Como revela la Encuesta Nacional sobre Percepciones de las Desigualdades (ENADES 2024), las limitaciones de ingresos reducen significativamente las posibilidades de participación e incidencia en las decisiones públicas, situando a amplios sectores en los márgenes del ejercicio efectivo de la ciudadanía. No resulta casual que el mismo informe señale que el 90 % de la población considera que el Perú está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio. Esta percepción se sustenta en una larga historia de exclusión y marginación que demuestra que, entre nosotros, quienes son “diferentes” en términos sociales o culturales suelen ser también los más postergados económica y políticamente.

De allí la especial relevancia de la relación entre el principio de igualdad y el imperio de la ley. Es indispensable revertir la percepción de que, en el Perú, quienes detentan poder pueden situarse por encima de la ley, incluso frente a crímenes graves, como lo evidencia la reciente ley de amnistía a favor de quienes cometieron graves crímenes. Las leyes de amnistía son el colorarios de otras leyes de privilegios a favor de grupos que hoy controlan el poder desde el Congreso. Las leyes para facilitar su participación privilegiada en las próximas elecciones son el ejemplo mas elocuente. Mientras todos los funcionarios del Estado deben renunciar a sus salarios durante la campaña, el Congreso ha dispuesto que para ellos esa limitación no cuenta. Se tratará de una campaña subvencionada. Las leyes de privilegio, violan el mandato de la igualdad, mientras que las leyes que favorecen el crimen y la impunidad violan los principios de igualdad y de justicia. Luego, sin igualdad y sin justicia, la democracia es un saco roto donde toda esperanza social cae al vacío.