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Opinión

Cuando prohibir no basta: niñez, trabajo y desigualdad estructural, por Misión Educación

El trabajo infantil es considerado inaceptable socialmente, pero su existencia refleja profundas brechas en el acceso a la educación, condicionada por el origen social.

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Misión Educación

Ser niño y trabajar se inscribe en la subjetividad colectiva como algo inaceptable, pues el trabajo se concibe como una actividad propia de adultos, preferentemente varones. Históricamente, el trabajo ha sido entendido como un recurso de sobrevivencia de los pobres, mientras que la mendicidad ha sido estigmatizada como expresión de miseria o flojera, invisibilizando su dimensión ético-política como denuncia de la desigualdad estructural. En este escenario, el derecho a la educación aparece desde el inicio marcado por profundas brechas: no como una oportunidad garantizada, sino como un privilegio condicionado por el origen social.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs), el abolicionismo genérico y penalizador deja intactas las causas de la injusticia social. El discurso dominante convoca a erradicar, prohibir y sancionar el trabajo infantil, incluso responsabilizando a las familias, bajo la premisa de que su existencia frena el desarrollo del país. Esta mirada simplificadora omite las condiciones estructurales que lo producen y reproducen.

La revolución tecnológica, lejos de liberar, ha generado nuevas formas de explotación y de esclavitud normalizada, asociadas a migraciones forzadas y trabajos intermitentes funcionales al capitalismo contemporáneo. En este contexto, todas las infancias producen valor que les es expropiado, aunque esta afirmación resulte incómoda cuando se refiere a sectores socialmente privilegiados.

La mercantilización de la vida infantil se expresa hoy de manera sutil, bajo discursos de entretenimiento, empoderamiento e individualismo que desalientan la reflexión crítica y la acción colectiva. Frente a ello, resulta indispensable articular la crítica a la explotación con experiencias organizativas, educativas existentes —como los CCONA, las defensorías de derechos, los municipios escolares y los parlamentos infantiles— donde niñas, niños y adolescentes ejercen ciudadanía y acción política.

Somos sociedades cargadas de dogmatismos frente a la relación entre niñez y trabajo, que invocan el derecho a la educación como consigna, pero se resisten a garantizarlo como una práctica verdaderamente emancipadora en contextos de desigualdad estructural.

* P. Alejandro Cussianovich, IFEJANT

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