Suicidio turístico, por René Gastelumendi

El turismo en el Perú no atraviesa una crisis de coyuntura; enfrenta una maniobra de asfixia sistemática autoinfringida. Lo que hoy presenciamos es una “pinza” diseñada por la burocracia, la falta de visión y una alarmante incapacidad de gestión. El incremento de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) y la degradación terminal en la gestión de Machu Picchu son las dos mandíbulas de una misma herramienta de sabotaje que hoy tritura nuestra competitividad ante la mirada cómplice del Gobierno Central y la inoperancia de las autoridades regionales.

El primer frente de este suicidio es logístico. Con la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en enero de 2025, las autoridades se jactan de una inversión de US$ 2,000 millones. Sin embargo, este megaproyecto nace herido por una “fallida implementación” técnica y comercial. La imposición de una tarifa de 12 dólares adicionales por pasajero en conexión ha provocado un sismo en la conectividad aérea. La reacción de la industria ha sido inmediata: LATAM Airlines Group y Sky Airline ya han anunciado la cancelación de al menos ocho rutas internacionales.

Llegamos a este punto por una herencia de claudicaciones que el Ejecutivo actual ha convertido en voracidad fiscal. Bajo el contrato vigente, el Estado peruano recibe cerca del 46 % de los ingresos brutos de la concesión. Por ello, el Ministerio de Transportes (MTC) actúa como un recaudador voraz en lugar de un regulador: mientras más altos son los cobros de LAP, más dinero ingresa a las arcas del Tesoro Público. Al Ejecutivo no le interesa la competitividad del cielo peruano; le interesa el flujo de caja, aunque ello signifique expulsar a las aerolíneas. Esta “herencia” de la Adenda 7, firmada en 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, es hoy un cáncer que un Congreso actual, indolente, se niega a fiscalizar.

El segundo frente golpea el alma del destino nacional. Antes de la pandemia, en 2019, el Perú recibió 4.4 millones de turistas extranjeros. Al cierre de 2024, la cifra apenas roza los 3.2 millones, un déficit de 1.2 millones de visitantes que nos sitúa muy por detrás de vecinos que ya superaron sus niveles prepandemia. El responsable es el caos en Machu Picchu, donde el sobreaforo es una bomba de tiempo estructural.

Mientras la UNESCO estableció una capacidad de carga de 2,244 visitantes diarios, el Gobierno —presionado por el populismo del Gobierno Regional del Cusco y un sector del Congreso que atiza el desorden por votos— ha elevado el aforo a niveles insostenibles de hasta 5,600 personas al día para el 2025. Estamos metiendo al santuario más del doble de su capacidad técnica sin invertir en infraestructura. Si no se impone orden antes de las evaluaciones de febrero del 2026, la ciudadela podría ingresar en la vergonzosa “Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro”. El título de “Maravilla del Mundo” (2007) hoy es rehén de mafias de reventa que resisten cualquier transparencia digital ante la debilidad de las autoridades que podrían despojarlo de ese estatus. Nos acaban de advertir. El Ministerio de Cultura, el de Comercio Exterior y Turismo y el del Ambiente no responden nada concreto.

La relación entre ambos frentes configura un sabotaje sistémico. El Ejecutivo, en el aeropuerto, actúa como un socio recaudador que espanta a las aerolíneas con una tarifa de 12 dólares para alimentar su caja chica, mientras el Gobierno Regional en Cusco se muestra como un administrador negligente que entrega el activo más valioso a la informalidad. El turista no viene al Perú por el aeropuerto; viene por el santuario. Si encareces la entrada al país y, simultáneamente, destruyes la calidad de la visita con hacinamiento, el modelo simplemente colapsa.

Perú está pasando de ser el destino imperdible a ser el destino prescindible. Si, al iniciar este 2026, el legado para el próximo gobernante es un megaproyecto de US$ 2,000 millones con ocho rutas menos y un Machu Picchu en “lista roja”, habremos consumado el mayor autosabotaje económico de nuestra historia reciente. Es hora de dejar de tratar al turismo como la caja de caudales del MTC, caja chica de mafias y gobiernos regionales, y gestionarlo como el activo estratégico que se nos está escapando de las manos por codicia y negligencia.