Desfase de registro en PNP debe corregirse
Más de 1.800 actas policiales no han sido elevadas al sistema interno de persecución del delito.
El desfase entre los registros de denuncias por extorsión no puede ni debería ser minimizado. Entre enero y noviembre de 2025, el Sistema de Denuncias Policiales de la Policía Nacional del Perú reporta 25,196 denuncias, mientras que el Ministerio Público consigna 27,029. Se tratan de 1,833 casos que no figuran en el sistema policial.
La extorsión es hoy uno de los delitos más extendidos y paralizantes del desarrollo del país. No solo afecta la seguridad individual, sino que expresa control territorial del crimen organizado sobre mercados, transporte, barrios y economías locales.
En ese sentido, que el propio Estado no registre plenamente estas denuncias implica que el Gobierno está tomando decisiones de seguridad sobre una realidad incompleta. En el interin, José Jerí prefiere afirmar que su gestión “hace cosas”, cuando en realidad está permitiendo que avance la ilegalidad.
Este fenómeno no es nuevo en América Latina. Las dictaduras del siglo XX enseñaron que el control del orden si bien empieza con las armas, también se fortalece con los registros. Los delitos que incomodaban al poder simplemente desaparecían de las estadísticas. No porque no ocurrieran, sino porque el Estado decidió no verlos, con intenciones subrepticias. En otras palabras, la violencia se administraba también desde el dato.
No es casual que en varios países de la región con importantes problemas de criminalidad organizada como México o Colombia, estos desajustes hayan aparecido bajo discursos de “mano dura” y control del orden, que no llevaron a nada más que al recrudecimiento de la violencia.
Que en el Perú el Ministerio Público registre más denuncias de extorsión que la Policía Nacional es especialmente alarmante. La PNP debería ser la principal puerta de entrada del sistema penal. Que no lo sea revela además de una lógica desconfianza ciudadana, fallas que deben explicarse, sobre todo en un contexto de crisis de seguridad como el actual.
El Gobierno no puede escudarse en estados de emergencia ni en anuncios grandilocuentes mientras tolera una gestión opaca de la información criminal. Sin datos completos no hay política pública seria, solo relato.
El Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Comandancia de la PNP tienen la obligación política de explicar este desfase, corregirlo de inmediato y garantizar registros transparentes.