Gobierno debe garantizar elecciones seguras en 2026

La seguridad es un componente esencial de toda competencia electoral. Es fundamental porque no solo se trata de resguardar la integridad de los candidatos, sino también de proteger el núcleo mismo de la democracia: las elecciones.

Como su mecanismo más elemental, un proceso electoral solo puede realizarse plenamente bajo condiciones de libertad, integridad y ausencia de intimidación, de cualquier tipo.

Por ello, la violencia vivida en los últimos días parece anunciar el surgimiento de un patrón que amenaza el desarrollo de los próximos comicios de 2026.

En ese sentido, el asesinato del precandidato a diputado por Juntos por el Perú, Percy Ipanaqué, parece emerger como un eslabón dentro de un proceso que evidencia el avance del crimen organizado sobre la arena política. Las primeras hipótesis apuntan a sicarios vinculados a mafias de la construcción, lo que confirma que estas estructuras criminales se sienten con la capacidad y la impunidad suficientes para intervenir en la dinámica electoral.

En ese marco, el atentado contra el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, en Cerro Azul, refuerza esta tendencia. En una zona disputada por mafias de tráfico de terrenos, el ataque demuestra que los grupos criminales han dejado de circunscribirse a conflictos económicos locales y ahora buscan incidir directamente en el proceso político.

Este escenario representa una amenaza sistémica para la democracia porque desnaturaliza el principio de igualdad en la contienda. El argumento principal es que si criminales determinan quién puede hacer campaña, en qué territorios y bajo qué riesgos, la competencia deja de ser libre y equitativa. Además, la ciudadanía elige bajo un clima de intimidación estructural que altera la expresión de su voluntad.

Frente a este panorama, la prioridad absoluta del Gobierno encabezado por José Jerí debe ser garantizar elecciones seguras en 2026. Se trata de un mandato constitucional, pero también de una responsabilidad histórica, dadas las circunstancias actuales, configuradas por quienes hoy gobiernan desde el Parlamento.

En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe asumir un rol activo que será crucial. Resulta imperativo que emita un pronunciamiento firme y solicite observación internacional especializada en seguridad electoral, además de exigir a las autoridades constitucionalmente responsables operaciones de inteligencia, y dejar de recurrir a pantomimas como las que han demostrado ser los estados de emergencia.