Los presidentes presidiarios, por Rosa María Palacios

¿Hay más justicia en el mundo contra los mandatarios que abusan del poder? Le pregunté a ChatGPT cuál era el país del mundo con más presidentes presos y me contestó que no existía un ranking global, pero que el Perú destacaba por tener cuatro presidentes condenados en simultáneo, hecho que parece no tener precedente. Sin embargo, desde el año 2000 unos 78 países han detenido, juzgado o encarcelado a presidentes, jefes de gobierno o primeros ministros después de dejar el cargo.

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Parece, pues, que hay una tendencia mundial, muy positiva, a que la inmunidad que otorgan ciertos cargos no se extienda de tal modo que garantice impunidad perpetua. Si el siglo XXI ha traído esta novedad, los peruanos deberíamos estar orgullosos de liderar una corriente que prioriza la justicia como valor supremo. Sin embargo, a ese respeto por el sistema de justicia y sus resultados se une una pregunta que dejó el papa Francisco en su visita al Perú en el ya lejano 2018: “¿Qué pasa en el Perú para que cuando uno deja de ser presidente lo metan preso?”

Los extranjeros que preguntan por estos eventos en el Perú tienen esa combinación de sana envidia (“al menos ustedes los mandan a prisión”) con una curiosidad retadora: “¿Por qué a todos? ¿No habrá algo raro en el sistema? ¿No creen que es un caso de venganzas múltiples cruzadas? ¿Lawfare entre exmandatarios débiles y el fujimorismo (dolido por las prisiones del padre y de la hija) que controla el Congreso desde hace diez años?”

Contestar a esta pregunta no es fácil porque los casos que llevaron a prisión a los expresidentes (hasta hoy) tienen características muy diferentes. Una primera división es la de los casos juzgados en la justicia ordinaria por delitos cometidos antes del mandato presidencial. En ese grupo están Humala, Vizcarra y, tal vez en un futuro, Kuczynski. Toledo fue juzgado en la justicia ordinaria porque ya no tenía el beneficio de antejuicio por los plazos, aunque sus crímenes ocurrieron como mandatario. Los presidentes juzgados por la Corte Suprema por delitos cometidos durante su mandato son solo, por ahora, Fujimori y Castillo.

Una segunda división está en el tipo de crímenes: sangre y corrupción. Estas dos grandes categorías se aplican a los mandatarios en todo el mundo, y el Perú ha sido precursor este siglo y tiene de ambas. Fujimori fue condenado por las dos. Pero es el único condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Todos los demás han sido condenados por corrupción. En un futuro, es posible que Manuel Merino y Dina Boluarte se les unan por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden bajo su mando.

Distintos momentos, distintas vías y, por tanto, distintos resultados, sobre todo en materia de penas. ¿Cómo se explica que Fujimori, que se allanó en todos los casos de corrupción imputados, solo tuviera una pena de 7 años por el conjunto de casos, mientras que a Vizcarra, por un solo caso de cohecho, se le impusiera 14 años? Diferentes órganos de juzgamiento, diferentes momentos en la comisión del delito, diferentes penas en el Código Penal. ¿Por qué en la misma semana Pedro Castillo recibe 11 años (la fiscalía había pedido 32 años) por dar un golpe de Estado y Vizcarra recibe 14 años por algo que parece menos grave que lo primero?

Hay más dudas. ¿Por qué Fujimori no tenía beneficios penitenciarios y todos los demás sí los tienen? ¿Por qué es posible que Castillo pueda salir en libertad en un par de años? ¿Es posible que Vizcarra tenga los mismos beneficios de semilibertad cumpliendo un tercio de la pena? ¿Puede la Corte Suprema liberar a Humala y a Vizcarra por falta de tipo penal en el primer caso y de pruebas en el segundo? ¿Puede irse Toledo a un arresto domiciliario, apenas confirmen su sentencia por tener más de 80 años? Hay razones jurídicas que explican todo esto, pero no son fáciles de explicar a las audiencias en el lenguaje en que se escriben las sentencias.

Ahí donde el sistema de justicia no hace docencia, el público llena el vacío de esas respuestas con lo que los políticos le suministran. Ahí es donde no prima el derecho, sino la venganza sobre el enemigo y la protección al amigo. Con todos sus errores (algunos muy graves, sobre todo a nivel de cortes superiores), el Poder Judicial ha tenido un mejor desempeño que el Congreso en materia de independencia política. En el Parlamento se ejecuta al enemigo y se le regala impunidad al amigo. En la Corte Suprema, mal que bien, se juzga de acuerdo con la ley.

Los dos fallos de esta semana, Vizcarra y Castillo, tienen una diferencia enorme en materia de pruebas. La sala superior, en el caso de Vizcarra, condena con severidad con prueba indiciaria, básicamente testimonios. La Corte Suprema reconduce el juzgamiento al tipo penal que se ajusta a los hechos: conspiración para cometer rebelión y descarta el de la pena más grave, rebelión, por no tener las pruebas para conducir a ese veredicto. Dos conductas muy diferentes en el juzgador que explican las penas impuestas.

Hay algo más que une a los condenados de Barbadillo. Sus condenas no serán las últimas. Toledo, Humala, Vizcarra y Castillo tienen otros procesos en curso, algunos con posibles penas incluso mayores a las recibidas. Algunos casos prescribirán, en otros puede haber alguna absolución (el paso de los años y el caso cócteles de Fujimori ayudan), pero en otros habrá nuevas condenas.

¿Hay vida política después de la prisión? Si bien ninguno de los expresidentes puede postular hoy, sí podrán hacerlo al terminar sus condenas. Esto puede adelantarse con apelaciones favorables o con indultos (selectivos o masivos) que algunos candidatos ya anuncian. En los cuatro presos de Barbadillo hoy hay también una diferencia política relevante. Toledo y Humala han sido olvidados por los electores, mientras que Vizcarra y Castillo son tremendamente populares.

Si alguien pudo demostrar que la cárcel no mata políticamente en el Perú es Alberto Fujimori. Su indulto irregular, pero finalmente validado por el TC contra la CIDH, abre una avenida de indultos en crímenes que no son de sangre. La heredera de Fujimori demostró que estas sentencias y sus consecuencias pueden convertirse en agenda de punto único para un partido político. Recuerden que antes de morir, Alberto Fujimori fue proclamado por su hija como candidato presidencial. El martirologio recién empieza para Castillo y Vizcarra, y sus consecuencias son impredecibles.