Ampliación del Reinfo exige un debate de Estado

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) nació hace casi una década con la intención de ordenar el proceso de formalización de miles de pequeños mineros, que trabajaban fuera del marco legal. Sin embargo, lo que debió ser una herramienta transitoria para integrar la minería artesanal al circuito formal terminó convirtiéndose en un mecanismo de impunidad. Este artificio legal ha sido usado abusivamente por muchos operadores ilegales para encubrir actividades del contrabando del oro y el narcotráfico.

En regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad o Arequipa, la ampliación sucesiva del Reinfo ha propiciado la emergencia de un modelo paralelo también depredador del medio ambiente. No son pocas las denuncias de los pueblos originarios que alertan sobre cómo campamentos destruyen bosques, contaminan ríos con mercurio y cómo redes criminales controlan la extracción, el transporte y la comercialización del oro ilegal.

Pero el problema no se limita a la minería artesanal. Actualmente, Perú está marcado por una estructura de concesiones mineras que cubre más del 14% del territorio nacional, muchas de ellas inactivas, superpuestas o en litigio. Esa fragmentación institucional impide un manejo racional de los recursos naturales y se contradice con la desigualdad que perdura entre las zonas de extracción y las poblaciones que nunca ven los beneficios del oro, el cobre o el gas que salen de su suelo.

Paralelamente, la falta de visión de país y la ausencia de un proyecto de Estado sobre el uso de los recursos naturales se expresan en un Estado que no ha sabido administrar el canon minero, especialmente en el ámbito regional y local. Prueba de ello son los tristemente notables casos de corrupción que vinculan a diferentes autoridades en los últimos años.

Y mientras el debate se centra en una prórroga de corto plazo, las economías ilegales siguen avanzando y depredando, a espaldas del aparato estatal. El contrabando de oro en las zonas de frontera, el lavado en las cadenas de exportación y la captura de rutas mineras por mafias organizadas continúan erosionando la autoridad del Estado.

Si este Gobierno de transición quisiera realmente aportar a la solución de este problema público, debería convocar a paneles de expertos, técnicos y representantes regionales. Estos deberían abordar el tema seriamente; es decir, con perspectiva de mercado y sostenible, y no con mirada mercantilista, como la que ha dirigido el debate hasta el momento.

Finalmente, los candidatos políticos tampoco deberían postergar esa discusión, ya que equivaldría a seguir alimentando un caldo de cultivo para nuevos conflictos socioambientales y políticos, quizá más graves que los actuales.