JNJ va por la cabeza del Poder Judicial
Tras sancionar a jueces que aplicaron tratados de DDHH y presionar a la Corte Nacional de Justicia, la Junta ahora debate investigar al Consejo Ejecutivo.
La Junta Nacional de Justicia, bajo la presidencia de María Teresa Cabrera, ha operado desde su instalación como un instrumento de presión política sobre el sistema de justicia peruano. Jueces y fiscales lo saben por experiencia propia. Cualquier decisión jurisdiccional que incomode al poder político se convierte en denuncia, la denuncia en proceso disciplinario y, meses después, la amenaza se transforma en sanción.
En ese sentido, es posible sostener que lo que comenzó afectando a fiscales como Richard Concepción Carhuancho, suspendido por seis meses, alcanzó luego a los cinco integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y apunta ahora a la cúpula administrativa del Poder Judicial.
Ahora, la JNJ inició un proceso disciplinario contra esa sala por inaplicar la Ley 32107 en un caso de violación de derechos humanos, conforme a los tratados firmados por el Perú. Entre los investigados están Víctor Prado Saldarriaga, uno de los tres jueces que sentenció a Alberto Fujimori, y Ángela Bascones, quien integró el equipo anticorrupción que investigó los vladivideos. Vale decir, con énfasis, que estos jueces no cometieron una falta. Aplicaron el derecho internacional con la independencia que su cargo les exige, y ese es exactamente el motivo por el que están siendo perseguidos.
Pero no quedó ahí. La presión escaló en la Corte Penal Nacional. A los nuevos jueces titulares se les dijo que tomar el control de ese tribunal era su responsabilidad patriótica y que negarse abriría un proceso en su contra. El cargamontón fue tal que el presidente de la corte, Jhonny Contreras, renunció y dejó al tribunal sin instancia que designe a su sucesor.
La Junta debate ahora investigar a todos los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a partir de una denuncia del congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Entre los denunciados están Elvia Barrios Alvarado, expresidenta del Poder Judicial y con trayectoria en derechos humanos, y Víctor Prado Saldarriaga, decano de la Corte Suprema.
Este diario reconoce el valor de los jueces que resisten ese asedio y llama a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a los ciudadanos demócratas a defenderlos con firmeza.
El nuevo gobierno, como el nuevo Parlamento, que asumen en julio, tienen la obligación de proteger la independencia judicial. El Perú ya conoció lo que ocurre cuando el poder político controla los tribunales, y esa historia, como van las cosas, puede repetirse.