Saweto exige justicia para todos los defensores ambientales

Han pasado casi once años desde que los líderes ashéninka de la comunidad Alto Tamaya-Saweto —Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo— fueran brutalmente asesinados por denunciar la tala ilegal en su territorio.

Finalmente, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la sentencia contra los homicidas. Los han conminado a penas de más de 28 años de prisión efectiva. Es, por lo tanto, un acto de reparación largamente esperado por sus familias y los defensores ambientales en el Perú.

Sin embargo, es fundamental decir que queda mucho por hacer. La justicia solo será completa cuando los sentenciados estén tras las rejas, se garantice la seguridad de las viudas, huérfanos y demás familiares que continúan viviendo bajo amenaza y se falle en el mismo sentido en los otros 35 casos pendientes.

El caso Saweto es un emblema de resistencia cívica de las comunidades originarias del Perú frente a las economías ilegales que arrasan la Amazonía. El narcotráfico, la tala y la minería ilegal son calamidades que ponen en riesgo la vida de los peruanos que habitan esas tierras, incluso previos a la conformación de la república.

Y son héroes porque los líderes asesinados cayeron por atreverse a denunciar lo que otros prefieren ocultar.

Por ello, su sacrificio debe interpelar directamente al Estado peruano y a la sociedad en su conjunto. No basta con celebrar un fallo histórico si persiste la impunidad en más de veinte asesinatos de defensores indígenas en la última década.

En este contexto, resulta positiva la reacción de la Defensoría del Pueblo. Pese a haberse prestado últimamente al blindaje político e incluso a avalar la norma inconstitucional de amnistía para asesinos de peruanos y, por ende, miembros deshonrosos de las Fuerzas Armadas, hoy exige que el precedente de Saweto se replique en los demás casos de líderes ambientales que aún esperan justicia. Reconocer esta postura, a pesar de lo demás, es menester, pues marca un cambio fundamental en la defensa institucional de los derechos humanos.

La vida de quienes defienden la tierra, el agua y el bosque debe contar con garantías reales de protección. De lo contrario, la Amazonía seguirá siendo un territorio de muerte para quienes la cuidan y de saqueo para quienes la explotan indiscriminadamente.