Las ideologías ya fueron, por Rossana Alayza Maccera

La votación por la nueva Mesa Directiva del Congreso peruano, realizada el sábado 26, tuvo como ganador —por amplísima mayoría— a José Jerí, un congresista acusado de violación sexual, quien ahora asume la presidencia del Parlamento. En otras palabras, la antesala a las fiestas patrias confirmó que en el Perú nunca se está tan mal como para no poder estar peor. Más grave aún fue saber, desde la noche anterior, que Jerí ya contaba con los 67 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple.

Se presentaron dos listas: una encabezada por José Jerí y la otra por José Cueto. Ambas incluían representantes de diversas bancadas, tanto de izquierda como de derecha. Para decirlo claro: todas las tiendas políticas estuvieron representadas en ambas listas. Quienes criticaban la lista de Cueto señalaban que era inviable una alianza entre izquierdistas y derechistas, dado que la integraban las bancadas de Honor y Democracia (ex Renovación Popular) y Bloque Democrático Popular (ex Juntos por el Perú). Sin embargo, lo mismo ocurrió con la lista ganadora, que agrupó a Somos Perú, Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular. Aquí es donde debemos detenernos: los electores estamos viendo, pero nos negamos a entender. Las ideologías, en la práctica parlamentaria, ya no existen.

Mientras los congresistas vociferan contra la “mafia caviar”, el “terrorismo comunista”, la “CONFIEP-cracia” o el “modelo neoliberal”, a la hora de proteger intereses personales, las diferencias ideológicas desaparecen. En el último año, se han aprobado nueve leyes altamente regresivas: desde la ley de amnistía por violaciones a los derechos humanos, hasta la Ley 6951, que establece la prescripción de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Se ha redefinido el crimen organizado con la Ley 32108; se permiten contrataciones públicas para familiares mediante la Ley 32069; y se ha debilitado el mecanismo de colaboración eficaz con las Leyes 32190 y 31990. Además, la llamada “Ley Soto” (31751) reduce el plazo de prescripción a solo un año, facilitando el archivo de causas judiciales en un país donde la percepción de impunidad crece día a día.

A esto se suma el respaldo legislativo a la minería ilegal y la destrucción de la Amazonía, mediante una norma que facilita el cambio de uso de tierras sin autorización ambiental. En meses recientes, se agregaron medidas como la “ley anticine” y normas que afectan negativamente a los movimientos regionales y las cuotas de género. Ninguna de estas iniciativas favorece al ciudadano común; solo benefician a los allegados de los propios congresistas, que lucran en un entorno de institucionalidad degradada.

Como si el panorama no fuese ya suficientemente desolador, contamos con una presidenta con 98.8% de desaprobación. El mensaje a la Nación de Dina Boluarte duró más de cuatro horas ante un Congreso semivacío. Habló de unidad, inversión social y elecciones transparentes, pero no ofreció una sola autocrítica. Tampoco mencionó a las más de 50 personas fallecidas durante las protestas bajo su gestión. Después de doblarse el sueldo, leyó —sin concluir— 97 páginas, cuyo 87% habría sido redactado por inteligencia artificial. Todo fue una parodia de institucionalidad, reforzada por su tono defensivo y altisonante. Una burla.

Y, por si todo esto no bastara, me atrevo a hacer una predicción lúgubre: van a vacar a Dina. ¿A ocho meses de las elecciones? Sí. ¿Qué sentido tiene? Uno solo: permitir que los congresistas logren su reelección o acomodo. Mientras tanto, el debate público sigue atrapado en una falsa dicotomía entre caviares y terrucos, entre comunismo y neoliberalismo. La verdad es más cruda: las ideologías han sido vaciadas de contenido y funcionan solo como coartadas discursivas. No representan principios, sino estrategias de manipulación.

Así llegaremos al 2026: con un presidente del Congreso acusado de violación y enriquecimiento ilícito, y con 43 partidos compitiendo, entre los cuales figuran los mismos que han denigrado las instituciones que ahora aspiran a controlar. La única tarea digna para el votante es sencilla pero crucial: no premiar a ninguna de las bancadas responsables del estado actual del país. El fujimorismo ya ha mostrado que puede pactar con Perú Libre. Renovación Popular ha danzado con Juntos por el Perú. Son lo mismo. O incluso, peores de lo que imaginamos.