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Opinión

Gobierno de Boluarte amenaza la sostenibilidad de Machu Picchu

Contra parámetros de la Unesco, el Ministerio de Cultura propone sextuplicar el aforo de la ciudadela inca.

Editorial
Editorial

La gestión de Dina Boluarte parece estar dispuesta a destruir a Machu Picchu, uno de los símbolos más importantes del patrimonio nacional. El Ministerio de Cultura ha planteado aumentar el aforo de la ciudadela inca de 4.500 a 27.000 visitantes diarios. Esta propuesta pondría en grave peligro la integridad de este santuario arqueológico, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco y reconocido como una de las siete maravillas del mundo moderno.

Esta decisión se impulsa sin sustento técnico alguno, al ignorar el Plan Maestro de Machu Picchu y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

De concretarse, esta medida violaría flagrantemente los parámetros asumidos por el Estado peruano en el marco de la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Por lo que abriría la posibilidad de que el recinto arqueológico pierda su carácter de protección validada internacionalmente, y deslegitima al Estado peruano como custodio responsable de su herencia cultural.

En lugar de apostar por un modelo de turismo cultural responsable y sostenible, el Gobierno opta por una lógica mercantilista que ve en Machu Picchu como una fuente de recaudación burda. No como un legado ancestral que debe ser promovido y tutelado.

Cusco y el Perú entero necesitan del turismo. Representa el 15% del PBI regional y genera decenas de miles de empleos. Pero el verdadero turismo sostenible no destruye aquello que lo hace posible. La Unesco ha sido clara: cualquier modificación sustancial debe estar precedida por estudios técnicos rigurosos y priorizar siempre la conservación del bien cultural. Cosa que el actual plan del Mincul no cumple. Peor aún, los desprecia abiertamente.

Al respecto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ya ha declarado inviable la propuesta. Lo mismo han hecho diversos investigadores y técnicos nacionales e internacionales.

Machu Picchu no es propiedad de ningún Gobierno, empresa o generación. Es un legado que pertenece al mundo y una herencia que el Perú ha jurado proteger. Los peruanos deben estar alertas sobre este acto que atenta a la grandeza nacional. Perder Machu Picchu no solo significaría prescindir de un sitio arqueológico, sino de un pedazo de nuestra identidad y, con ello, de nuestra dignidad como nación.

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