Dina Boluarte aplica medidas cuestionables contra el crimen

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha dejado claro que no le interesa en lo más mínimo atender la situación gravísima de desprotección e inseguridad que sufren los peruanos frente a la criminalidad.

En una conferencia de prensa,  escoltada por César Acuña, y en la que no se permitió preguntas de los reporteros, Boluarte insistió en medidas inútiles para combatir a los grupos armados provenientes de actividades ilícitas ligadas a la minería ilegal.

El desgobierno, chalequeado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha anunciado la aplicación de toque de queda y la suspensión de las actividades mineras en la zona.

¿Cómo la restricción de libertades es siquiera una opción de lucha contra el crimen si es que, como denuncia la empresa minera Poderosa, más de 800 policías no pueden ingresar ni interdictar las bocaminas ilegales?

Enviar a miembros del Ejército para pretender un restablecimiento del orden en el distrito tomado por el hampa es, además de una ofensa contra la institución militar, una medida estéril como los más de 10 estados de emergencia implementados que no han tenido ningún tipo de éxito real.

Es indignante que se exponga a militares jóvenes a una situación para la cual no han sido entrenados, debido a que no es su función constitucional para con la patria. Menos aún, si la orden de Boluarte es aplicar la fuerza en zonas rurales en las que habitan diversas personas que no solo se dedican a la minería.

Boluarte y el responsable inmediato de la crisis del Gobierno, el ministro Adrianzén, creen que engañan a los peruanos que ven en sus actos una ofensa constante contra ellos, sobre todo los más pobres.

Paralelamente, el Congreso, fiel al mismo desdén que la presidenta, ha interpuesto una denuncia constitucional contra ella. La misma a quien en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se han asegurado de blindar hace menos de un mes “hasta el final de su mandato” y evitar que el Ministerio Público pueda siquiera investigarla.

Por lo tanto, no es sorprendente que la misma Boluarte, en vez de asumir la responsabilidad que es suya y de su gabinete, ataque deliberadamente y con saña a la Fiscalía. Porque su objetivo y el de sus aliados en el Legislativo no fue ni es la protección de los peruanos, sino mantener su impunidad.