Boluarte amenaza a la libertad de expresión

La gestión de Dina Boluarte busca obligar a los medios de comunicación a emitir una franja informativa sobre las acciones del Ejecutivo en relación con la inseguridad ciudadana durante estados de emergencia.

Esta medida, que se pretende implementar a través de una modificación a la Ley de Radio y Televisión,es claramente una amenaza directa a la prensa y al derecho ciudadano a recibir información más allá de la propaganda política de un gobierno de turno.

Si bien la obligación de emitir un contenido específico, sin posibilidad de edición, compromete la esencia misma del periodismo, lo que está nuevamente en juego es la libertad de expresión de todos los peruanos.

Esta estrategia tiene correlatos claros en dictaduras como las que se sufren en Nicaragua y Venezuela, donde la crítica a las acciones de los regímenes son perseguidas a través de acciones penales y encarcelamiento.

 Aunque el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha intentado solapar las verdaderas intenciones de esta iniciativa como una “invitación” a la prensa, la realidad es que se trata de una imposición que limita la capacidad de los medios para ejercer su función de fiscalización.

Como afirma el Consejo de la Prensa Peruana, “la propuesta del Ejecutivo ocurre en un contexto en el que varios de sus funcionarios, incluyendo la presidenta Boluarte, han acusado a la prensa de golpista”.

Por su lado, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión afirma que si Dina Boluarte desea promover campañas informativas, existen mecanismos institucionales para ello, además de contar con los medios de comunicación del Estado.

Ante esta arremetida autoritaria, los peruanos deben notar que la libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, está en juego. La ciudadanía tiene el derecho de acceder a una información plural y crítica, y no a una versión distorsionada y sesgada de la realidad.