Presidenta Boluarte anuncia un golpe de Estado

A primeras horas de la mañana, personal del Ministerio Público allanó el domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de las pesquisas en su contra por el caso de audios que lo comprometerían en un delito de abuso de autoridad por presuntamente orquestar la fuga de uno de los principales socios del régimen, aún prófugo: Vladimir Cerrón.

Posteriormente, en un hecho sin precedentes, aunque no sorprendente, el gabinete en pleno de ministros recibió entre aplausos y abrazos al recién allanado titular de seguridad interna. “Rechazamos totalmente este acoso político con el ministro Santiváñez y le damos nuestro total respaldo”, declaró la presidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, luego sostuvo una absurda teoría. “Buscan tejer la desestabilización del Gobierno, un golpe de Estado blando… (responderemos) como lo hicimos en esa asonada golpista después del 7 de diciembre del 2022… Nos tenemos que parar firmes”. La jefa del régimen que ha favorecido a la impunidad y el hampa responde así a las acciones con respaldo constitucional que realiza la Fiscalía.

Más allá de las acusaciones sin fundamento y que han sido repetidas antes por quienes realmente gobiernan este país como Vladimir Cerrón, César Acuña, Keiko Fujimori y sus operadores antidemocráticos en el Congreso, nos preguntamos ¿quién puede realmente destituirla de su cargo? Constitucionalmente, es el Parlamento de la República el único órgano que con un voto mayoritario puede retirarle el fajín presidencial.

Este dato, fundamental para el análisis, más allá del show mediático con aparente intención distractora que pretenden armar Boluarte, Santiváñez y sus aliados a través de redes sociales, ¿evidencia el fin de las lealtades?

¿A quién le hablaba realmente Boluarte? ¿Esos actos que han llevado al Ejecutivo a la puesta en escena de un gobierno cohesionado no anuncian, acaso, los inicios del divorcio entre el Ejecutivo y el Congreso?

Las acusaciones  contra Boluarte siguen en investigación fiscal. Los casos penales que involucran a Dina Boluarte y dos de sus ministros parecen ser ya una carga que se torna demasiado pesada. Mientras eso avance, seguirán acusando de todas sus torpezas y delitos a los caviares, al Ministerio Público y, cómo no, a la prensa.

Por ello, les resulta fundamental propiciar una agenda común que permita la impunidad de todos. Esa agenda es la captura total del sistema judicial. Con la JNJ operando para el régimen, y las denuncias constitucionales contra las titulares del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación, la alerta de una captura de estos poderes del Estado se mantiene vigente.