¿Santiváñez con vocero? ¡A confesión de parte!

Las recientes creaciones de roles de vocería en el Ejecutivo, especialmente en el contexto del nombramiento del coronel en retiro Carlos López Aedo como vocero del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, merece un análisis profundo.

Este hecho, inaudito en nuestro país, que contempla una remuneración de S/. 30.000 por responder preguntas que el mismo ministro debería realizar, resalta un patrón preocupante en la gestión de este régimen, donde la exclusividad y el gasto público parecen estar alineados más con intereses que buscan maquillar la realidad que con la necesidad de una comunicación transparente hacia la ciudadanía.

La situación se vuelve aún más alarmante cuando se considera que el ministro Santiváñez enfrenta un posible proceso de censura por la casi nula gestión que lejos de reducir la criminalidad, ha permitido su incremento.

¿Por qué el Estado gastará en un vocero de un ministerio que está bajo pesquisas en el Ministerio Público? ¿Merece un presunto implicado en el escape del aún prófugo socio del régimen, Vladimir Cerrón, a través del cofre presidencial este presupuesto? ¿Explicará el nuevo vocero la persecución presuntamente planeada por su ahora jefe Santiváñez contra su colega dado de baja, Harvey Colchado, para evitar más investigaciones en su contra?

Lo que deja a relucir estas decisiones es una administración que, acorralada por las evidencias de corrupción y prácticas delictivas, opta por crear roles que nunca antes habían existido con el fin de dilatar la relación entre los responsables políticos y la rendición de cuentas ante los fiscalía y la ciudadanía.

Esta estrategia, lejos de resolver los problemas graves en su contra, parece una maniobra desesperada para maquillar la realidad y evitar que los peruanos exijan respuestas contundentes.

¿Qué otras vocerías vienen en camino? La creación de estos roles no es un signo de avance, sino una manifestación del intento del régimen por perpetuar un ciclo de impunidad que ha caracterizado a su gestión.

Cada nombramiento y cada gasto público en estos nuevos roles son actos que quedan a confesión de parte que tarde o temprano los implicados deberán responder ante la justicia.