“Nuestro gobierno confía en el tribunal constitucional”, por Omar Cairo

En la ceremonia de apertura del año jurisdiccional 2025 del Tribunal Constitucional, la presidenta de la República denunció que la acción de una ideología totalitaria ha colocado en peligro la vida civilizada en Sudamérica. Sostuvo que esta “ideología” fue impuesta “como una tiranía”, en la que “se impone el capricho del poderoso de turno y de un grupo privilegiado que desconoce la voluntad ciudadana expresada en las urnas”. Al escucharla fue imposible dejar de recordar la delirante “teoría del fraude en mesa”, utilizada políticamente por “grupos privilegiados” para “desconocer la voluntad ciudadana” que, en junio de 2021, dio el triunfo a la fórmula presidencial Castillo –Boluarte.

La presidenta también recordó el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre de 2022. Indicó que fue una amenaza totalitaria que buscaba cancelar la separación y la independencia de los poderes, y pretendió “el control total del sistema de justicia”.

Dijo, además, que, inmediatamente después del fracaso del golpe de Estado, se produjeron “más de 500 manifestaciones violentas, ataques a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la destrucción y toma violenta de aeropuertos, la eliminación de soldados de nuestro ejército” y “el incendio de sedes del Ministerio Público” y “el Poder Judicial”. Sin embargo, la gobernante olvidó mencionar que, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, la represión gubernamental contra las protestas en el sur andino causó la muerte de 49 personas. No olvidemos que la responsabilidad política por esta matanza no fue hecha efectiva ni por la presidenta de la República (mediante la remoción de los ministros responsables), ni por el Congreso de la República (mediante la censura de los ministros responsables). La responsabilidad penal correspondiente, en cambio, todavía puede ser establecida por los jueces del Poder Judicial.

Afirmando la existencia de “ideologías totalitarias” – pero sin identificarlas – que buscan deteriorar las instituciones republicanas, la presidenta invocó a todos los “actores políticos del sistema de justicia” a tomar conciencia de que se debe abandonar el activismo judicial que busca la “politización de la justicia” y, de otro lado, la “judicialización de la política”. Agregó que existen “poderes fácticos” – no dijo cuales – que “siempre han pretendido controlar el sistema de justicia en el Perú”.

También pidió al país que supere el “lawfare” o guerra jurídica, “estrategia malsana que pretende utilizar el sistema judicial para atacar y perseguir a los que se considera sus enemigos políticos, desprestigiando a las instituciones y a sus magistrados”. Por cierto que no señaló ni un solo ejemplo del uso en el Perú de esta “estrategia malsana”. Tampoco mencionó que el desprestigio de la institución que ella conduce – la presidencia de la República –es monumental, y se traduce en el rechazo del 92% de los peruanos.

Actualmente se encuentra en trámite la demanda competencial interpuesta por el gobierno contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La pretensión demandada es que, en la sentencia que se expida en el proceso competencial, el Tribunal Constitucional establezca que el artículo 117 de la Constitución no permite que, durante el mandato de la presidenta de la República, se realicen las investigaciones fiscales que ella actualmente enfrenta.

Como órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional es absolutamente independiente, tanto durante el trámite de los procesos competenciales, como en el momento de expedir las sentencias correspondientes. Por eso resulta inaceptable la frase: “Nuestro gobierno confía en el Tribunal Constitucional”, pronunciada por la presidenta al finalizar su discurso en la ceremonia de apertura del año jurisdiccional 2025 de este órgano constitucional autónomo.

No olvidemos que un componente esencial de la independencia jurisdiccional es la ausencia de sujeción de los jueces a la “confianza” de las partes de los procesos a su cargo (sean estas, altas autoridades, funcionarios o personas particulares).