Impunidad en marcha

Durante el debate que precedió a la promulgación de la ley 32107, que restringe la aplicación de la lesa humanidad para casos cometidos antes de julio del 2002, se dieron una serie de excusas y se negó permanentemente el afán de impunidad que contenía la propuesta del fujimorismo.

Desde el Congreso se sumaron las voces de los ex militares congresistas a favor de la propuesta. El autor de la iniciativa, Fernando Rospigliosi, argumentó que no era impunidad sino justicia lo que se pretendía. Hasta el propio primer ministro Gustavo Adrianzén dijo que de ninguna manera este Gobierno alentaba la violación de derechos humanos al dejar pasar la norma venida del Congreso sin observarla.

Los fiscales fueron explícitos al señalar que la ley iba a afectar los procesos en curso e iba a favorecer a los violadores de derechos humanos que actualmente están siendo juzgados en tribunales nacionales. Se calcula que son más de 600 procesos afectados por la ley y 550 víctimas que esperan justicia a quienes impacta la dación de la norma.

Los dos poderes del Estado más cuestionados por la ciudadanía hicieron de oídos sordos y orquestaron la promulgación de esta norma, que contraviene no solo principios del derecho internacional contenidos en los tratados sobre DDHH de los que el Perú es parte, también va en contra de la ONU, OEA y el sistema de justicia internacional; el colegiado de fiscales, la Iglesia Católica, los Colegios de Abogados y numerosas universidades e instituciones especializadas que han alertado sobre la impunidad que promueve la ley.

Para corroborar que se trata en la práctica de una amnistía encubierta para violadores y acusados de crímenes execrables contra civiles, ya están pidiendo la aplicación de la ley  autores de asesinatos como La Cantuta y Barrios Altos, cometidos por el Destacamento Colina o los acusados del caso Huanta, entre otros.