De Lima a Huanta: ¿no hay quien lo aguante?, por Irma del Águila

La gente se pone brava. En la madrugada del 4 de agosto, los parroquianos del bar La Noche reaccionaron a la presencia de la cuestionada congresista fujimorista Patricia Chirinos con un escrache espontáneo.  El abucheo subió de tono también el calibre de las frases. Un vaso de vidrio se lanzó a la mesa de la congresista que no la alcanzó. Finalmente, Chirinos y su acompañante salieron escoltados por la seguridad del bar no sin antes dejar un dedo medio de saludo a la audiencia.

El 6 de agosto, la ceremonia por el bicentenario la batalla de Junín no pudo salir más deslucida. Dina Boluarte se quedó en Lima mientras en Chacamarca se armaba la pampa. La Policía Nacional protegía con tres cercos de seguridad el palco oficial con el premier Adrianzén, lejos de la airada protesta de la gente que no pudo ingresar al recinto. El gobierno sabía de los duros cuestionamientos del Frente de Defensa de la provincia de Junín que reclama más presupuesto y obras de infraestructura. Los de Junín, desairados en su propia tierra, montaron un desfile con sus delegaciones, de espaldas al palco.

El 8 de agosto, el gobernador Oscorima llegó a Huanta para disuadir a los pobladores que habían iniciado un paro contra la contaminación que deja la minería en la cuenca de Razuhuilcca. El wayki intentó disuadirlos para que abandonen la medida de fuerza pero la gente, cansada de tantas promesas incumplidas, expresó su rechazo arrojándole botellas y palos. El gobernador de los Rolex tuvo que ser evacuado en helicóptero para evitar un linchamiento popular.

También el jueves 8 por la noche la ministra de Cultura Leslie Urteaga escuchó las pifias del público en el Gran Teatro Nacional. Sus palabras daban cuenta de un gobierno en negación, “¿vamos a seguir polarizando al país?”, dijo sin rubor. Las risas saltaron de los palcos cuando afirmó oronda, “estamos empeñados en promover la producción cinematográfica”, mientras en la platea una pancarta “En defensa del cine peruano” le recordaba la hora crítica que atraviesa esa industria con la aprobación de la infausta Ley Tudela, apenas comentada por el ejecutivo.

Dos comentarios sobre esta oleada de indignación expresada en estos días. Primero, el descrédito del gobierno, del Congreso y de las autoridades es monumental, asociado a irregularidades, prepotencia y violencia ejercida con impunidad. Los incidentes son gestos de sanción social y de protesta dispersos en el territorio pero que son parte del humor de repulsa nacional.

Pero estamos ante un escenario de fragmentación del campo anti-gobierno como antes el campo anti-fujimorista. Asistimos a la ausencia de liderazgos de alcance nacional y la ausencia de premisas políticas que sinteticen las demandas diversas bajo un horizonte a seguir, como sucedió en el 2000 y el 2020, bajo la consigna “elecciones generales”. No significa calcar procesos del pasado, pero sí reconocer que existe un problema en el alcance de convocatorias que no esgrimen de forma unívoca la demanda actual del 80% de peruanos, “elecciones generales”.

Segundo, las protestas o los escraches no pueden juzgarse en abstracto. Vienen, como se ha dicho, con un gobierno en absoluto descrédito y después de 50 asesinatos atribuidas a las fuerzas del orden público y donde la presidenta y ministros se encuentran bajo investigación fiscal.

Vienen, además, en un momento de severo socavo de derechos y de coacción social. Donde la jurisprudencia del Sistema Interamericano es letra muerta. La semana pasada, un tribunal confirmó la sentencia en segunda instancia de cuatro jóvenes comuneros de Cuyo Grande en Cusco, a penas de cárcel de 6 y 7 años por haber participado en las protestas sociales en enero de 2023, causando “disturbios”. Una sentencia draconiana, a pesar de que nadie resultó lastimado, que los acusados se acogieron a la terminación anticipada y se comprometieron a afrontar los daños materiales. Se trunca la vida de jóvenes sin contemplar los atenuantes morales y legales. En un país con ciudadanos, los inculpados hubieran recibido una multa o realizarían trabajos comunitarios. Pero aquí se trata de jóvenes comuneros…

En este escenario de ilegitimidad, coacción y represión surge el escrache. Que no debe confundirse con el acoso. Lo de La Noche o lo del Gran Teatro Nacional fueron actos políticos de protesta. Tienen, eso sí, que tomar distancia de los desbordes de violencia que los desnaturaliza. Cierto, la línea entre escrache y acoso no se ha delimitado en nuestra legislación. En España, un auto de la Audiencia Provincial de Madrid estipula que “los límites permisibles de la crítica” a las autoridades públicas “son más amplios” y considera legales ciertas intervenciones ciudadanas en la modalidad de escrache.

La protesta seguirá ante la falta de legitimidad mínima del gobierno, el Congreso y algunas autoridades locales. En esta senda política incierta toca proteger los derechos de la gente.