Gobierno parlamentario abandona la educación escolar
Ante desabastecimiento de combustibles, el Gobierno vuelve a suspender clases escolares presenciales.
La crisis energética provocada por la rotura de los ductos que abastecen de combustible al país ha originado una cadena de decisiones que hoy afectan directamente a millones de estudiantes y a sus familias. Entre rumores de suspensión de clases presenciales, la comunidad educativa permanece en incertidumbre. El Ministerio de Educación tomó oficialmente la medida pasadas las 8:30 p. m. de ayer domingo. Esta postergación evidencia un manejo de crisis prácticamente precario.
La ausencia de una comunicación clara no constituye un detalle administrativo menor. Para miles de padres y madres trabajadores, el funcionamiento de las escuelas organiza la vida cotidiana: define horarios laborales, cuidado de los hijos y desplazamientos diarios. Esa falta de conducción expone, en realidad, la fragilidad de la planificación estatal frente a situaciones de emergencia.
Más grave aún resulta que, una vez más, la educación y la infancia aparezcan como las primeras variables de ajuste frente a una crisis originada en otro ámbito. Un problema energético termina trasladando su impacto al sistema educativo, una señal preocupante sobre las prioridades del Estado.
Vale la pena indicar que, si bien por el momento esta virtualidad aplica a las escuelas privadas, es un preámbulo de lo que puede pasar con el inicio de clases en colegios públicos, que será el próximo lunes 16.
La discusión pública ha derivado también hacia la disputa política. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha atribuido la situación a lo que denomina un “gobierno de izquierda”. Sin embargo, el problema revela algo más profundo que una etiqueta ideológica. En los últimos años, el país ha atravesado sucesivas transiciones presidenciales y, pese a los cambios de mando, el mismo patrón se repite: la educación queda relegada frente a otras urgencias.
Esta incapacidad evidencia, en efecto, la fragilidad de la acción del Estado ante el copamiento del cual es responsable el pacto corrupto parlamentario.
La infancia no debería ser el costo colateral de las crisis ni de las disputas políticas. Sin embargo, el llamado Gobierno del pacto vuelve a demostrar que, frente a las dificultades, los estudiantes quedan nuevamente relegados. Mientras el Estado debate responsabilidades y posterga decisiones, millones de niños esperan —una vez más— que la educación deje de ser la última prioridad.