El nuevo papel de las FFAA en América Latina: arbitraje y seguridad, por Juan De la Puente

El fallido golpe de Estado en Bolivia ratifica el anacronismo del caudillismo militar salvador de la patria. Antes, en la región, los militares desoyeron el llamado para que impidan que asuman el poder candidatos aborrecidos por las élites y triunfantes sobre ellas, en Perú (2022), Colombia (2022), Brasil (2022) y Guatemala (2023). En Bolivia, esta vez, la ruptura de un Gobierno con las FFAA cierra —o termina de cerrar— la posibilidad de un Gobierno cívico-militar de largo plazo, como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, o el de Fujimori en el Perú.

Sobre llamados y ofertas de golpe, fue grave la trama golpista de Bolsonaro y varios altos jefes militares investigados luego del operativo Tempus Veritatis. Entre julio de 2022 y enero de 2023, Bolsonaro tuvo reuniones con jefes de las FFAA, la mayoría de los cuales rechazó al final participar en la operación, aunque en las reuniones discutieron un borrador de decreto golpista.

No pasa desapercibido que en el reciente golpe boliviano los militares regresaron a sus cuarteles solo cuando se lo ordenó el nuevo jefe del Ejército, y no antes cuando lo reclamó el presidente de la República; y que en Brasil, los militares, subordinados a Bolsonaro, participaron en deliberaciones golpistas por casi 6 meses a sabiendas de su inconstitucionalidad.

Las constituciones en América Latina prohíben con distintas redacciones la deliberación de las FFAA con añadidos específicos como obediencia (Chile y Guatemala), veto a la actividad política (Bolivia) o no obediencia a las órdenes violatorias de DDHH (Ecuador). No obstante, en varios países se afirman dos tendencias, una conducta arbitral que introduce un nuevo papel militar ante Gobiernos débiles y/o impopulares, y una creciente presencia de las FFAA en las tareas contra el delito común y los reclamos sociales. En ambos procesos subyacen nuevos perfiles de la política militar en los que resulta más sugerente tutelar, modelar, apoyar, vetar y participar en los afanes relacionados con las viejas y nuevas amenazas, en lugar del expediente tradicional golpista.

Está de vuelta una suerte de doctrina de seguridad nacional que esta vez no es sistematizada desde EEUU, sino que presenta una factura propia en cada país, aunque con un rasgo común: nace de los civiles y de una intensa campaña conservadora social que interactúa con las instituciones militares. En varios países —no ciertamente en todos—, esta doctrina se emplaza contra un ideado grupo compacto de enemigos indiferenciados a los que se considera un todo único a batir: crimen organizado, migración, pueblos originarios, sindicatos, defensores de los DDHH, feminismo, comunidad LGTBIQ, activistas de las protestas sociales y periodistas críticos.

En el rechazo al Acuerdo de Escazú bajo el argumento de que viola la soberanía nacional en el manejo de los recursos naturales —lo que es falso porque, precisamente, favorece el aprovechamiento soberano y racional de ellos— tuvo un peso decisivo la opinión militar suministrada oficiosamente en Brasil (2019), Perú (2020) y Chile (en el gobierno de Piñera, 2020), así como en la demora de casi 3 años para su aprobación por el Congreso colombiano.

Sobre el arbitraje, este se desliza como un veredicto de última ratio —una deliberancia pasiva— como la innecesaria foto de la cúpula militar con el presidente Vizcarra en 2019 cuando disolvió el Congreso peruano (que el TC declaró constitucional) o la foto de la presidenta Boluarte con los mandos militares en abril de este año en respuesta al pedido de su renuncia por el caso Rolex. El arbitraje tuvo un hito fundacional en Ecuador en 2005, en el retiro del respaldo de las FFAA al presidente Gutiérrez, abriendo las puertas a su salida del poder.

El arbitraje puede trasladarse a la deliberación activa, como cuando en 2019, al tomar posesión de jefe de las FFAA el general Lara le espetó al presidente Moreno (Ecuador) que las FFAA no permitirán asonadas “de grupos internos y transnacionales que quieren imponer un modelo que pone en riesgo la convivencia social”, en alusión a las protestas sociales de octubre de ese año contra las medidas económicas, reprimidas con el costo de 8 muertos y más de 1.300 heridos. En el Perú, en las protestas de enero y febrero de 2023, dos generales de la Policía —Arriola y Angulo— se presentaron en los medios fungiendo de voceros políticos del Gobierno para acusar a los manifestantes de terroristas y estigmatizar a los líderes indígenas. Arriola pidió públicamente designar a jueces sin rostro para frenar las protestas sociales.

La crisis de la seguridad en A. Latina es un libro abierto para inscribir el nuevo papel político de los militares —y eventualmente policías— en dependencia del grado de debilidad de los Gobiernos y de la capacidad de los grupos criminales para jaquear el orden público y el sistema democrático. En varios países es legítima la participación de los militares para recuperar los territorios bajo el control las alianzas del crimen organizado (extorsión, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de personas, contrabando y tráfico de tierras), aunque el relato conservador insiste en el carácter compacto y no diferenciado de los enemigos de la seguridad nacional. En el Perú, esta insistencia no impide, paradójicamente, que el Congreso apruebe leyes procrimen.

La pregunta sobre el alcance de este papel castrense ahora depende menos de los militares, y más de la evolución del poder constitucional —llamado civil en los institutos armados— y de los actores políticos de cara a las policrisis de la región. Un ejemplo sobre el cuadro de potencialidades lo expresó en mayo pasado el expresidente colombiano Uribe al llamar a las FFAA a proteger a los ciudadanos contra el delito “quiera o no el presidente de la República”. Sucede también en Argentina, donde Milei parece fusionar en una sola las políticas de defensa y exterior a partir de un realineamiento con EEUU, con una alta participación de las FFAA. Su Gobierno pretende junto con los militares reescribir la historia de la dictadura 1976-1983 y romper el consenso sobre las violaciones de los DDHH en ese período.

El paso más audaz de la militarización de la seguridad ciudadana lo ha dado Ecuador. En enero de este año estableció oficialmente que ese país atraviesa un conflicto armado interno que justifica la intervención de las FFAA contra tres enemigos identificados: el crimen organizado transnacional, las organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes. En el referéndum de abril convocado por el presidente Noboa, de las 11 preguntas, la que más respaldo obtuvo (72%) fue la que eleva al rango constitucional el apoyo de las FFAA a la Policía para combatir 9 delitos: narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, delitos organizados y conmoción en las prisiones.