Revalorizar y reformar la Comunidad Andina, por Manuel Rodríguez Cuadros

En los últimos decenios, por diversos factores, se ha configurado una suerte de fake news sobre la Comunidad Andina. Una percepción equivocada sobre su importancia económica y estratégica para el Perú. En los discursos oficiales, el TLC con Singapur ha tenido una valoración más alta. Paradójicamente, solo a Bolivia el Perú exporta sesenta y ocho veces más que a Singapur. De los 20 acuerdos de libre comercio que tiene el Perú, la CAN es el único que ha liberado el 100 de los aranceles. 

En 1997, las exportaciones peruanas ascendieron a 250 millones de dólares. El 2023 fueron de 3,175 millones. Muy por encima de las destinadas a Chile (1,947 millones), casi el doble de las dirigidas a España (1,627 millones) y cerca de cinco veces de las destinadas a México (757 millones).

Comparadas con las dirigidas a la Cuenca del Pacífico, exceptuando los mercados tradicionales de Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur, las exportaciones a la CAN son casi el doble que las que se destinan a los otros 11 países asiáticos que conforman la cuenca. Solo las exportaciones a Bolivia y Ecuador las superan en más de 300 millones de dólares.

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Las exportaciones del Perú a la Alianza del Pacífico y la CAN son equivalentes. Pero el contenido de manufacturas es mayor hacia la CAN. Con la ventaja adicional de que es una integración de base territorial, contigua y fronteriza. Eso la hace más competitiva por los costos de transporte y le otorga un mayor contenido político y estratégico. Ambos esquemas son complementarios y ejes de nuestra proyección al revalorizado mercado latinoamericano, que es ya el tercer destino de las exportaciones peruanas.

El 2022, las exportaciones intracomunitarias de productos manufacturados ascendieron a 8,060 millones de dólares, representando 85,9% del total exportado al mercado andino; mientras que las exportaciones extracomunitarias de productos manufacturados totalizaron 61,860 millones de dólares, lo que significó 42,9% del total exportado fuera del bloque andino. El mercado andino es el quinto mercado de la producción manufacturera del Perú (9,4% del total), solo detrás de los Estados Unidos (24,4%), China (12,2%) y la Unión Europea (11,0%).

De las 2.798 empresas peruanas que exportan a la CAN, el 53% son micro, pequeñas y medianas empresas. Se exportan 3.175 productos. El 88% corresponden a sectores no tradicionales, especialmente a vestimentas, plásticos, química, siderometalúrgica y metalmecánicas. El impacto laboral es alto. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) involucran al 60% del empleo que se genera en los países de la CAN. Desde el 2013, el tráfico de carga por los puertos de la comunidad se incrementa anualmente. El 2018 ascendió a 348.276 miles de toneladas. Los puertos peruanos movilizaron el 27.2% de este tráfico. Más de 32 millones de pasajeros se movilizan por sus aeropuertos, de los cuales 5 millones 834.000 viajan al interior del espacio andino. Como ha afirmado Ricardo Limo, presidente ejecutivo de Promperú, “la comunidad andina es un mercado estratégico porque si bien representa el 5% de las exportaciones totales del Perú, cuando hablamos de exportaciones mineras no energéticas representa el 13,3%”.

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Con estas cifras es un tanto inexplicable la invisibilidad de la CAN en las prioridades de la diplomacia peruana en los últimos 20 años. La política comercial y la visión estratégica de la política exterior no deben sujetarse a condicionamientos ideológicos, ajenos a los intereses nacionales. Deben ser pragmáticas. Realistas. Peruanas. Actuar en función del interés del Estado, las empresas y los consumidores-ciudadanos. 

La comunidad andina sufre la demonización de su pecado original. Su modelo de sustitución de importaciones e industrialización conjunta y programada. Aquel que en la práctica ya desapareció hace más de dos décadas. Y que no es viable. Es imperativo sincerar la comunidad. Reformarla. Adecuar su estructura institucional y normativa a la realidad de sus propios logros. A la actual inserción internacional de los países miembros, definida por el libre comercio con la extra zona y los desafíos que presentan las tendencias a la desglobalización sectorial en algunos mercados del mundo industrializado. 

La reforma implica un acuerdo presidencial para modificar el Acuerdo de Cartagena en por lo menos cinco ejes esenciales: 1) suprimir el objetivo de la unión aduanera, las referencias al mercado común y los mecanismos de desarrollo industrial conjunto y programado. Son obsoletos. La nueva meta debe ser consolidar la zona de libre comercio y utilizar la plataforma andina para aumentar las exportaciones hacia terceros. 2) Incorporar programas modernos de promoción y competitividad de las micro y pequeñas empresas, la capitalización de las remesas en la actividad productiva, la agenda digital, la conectividad, las comunicaciones y la integración física y energética. 3) Construir un espacio de cohesión social andino con énfasis en la libre movilidad de las personas, salud, educación y seguridad social. 4) Una agresiva estrategia de protección, preservación y promoción del patrimonio cultural y natural, como oferta del turismo sostenible. 5) Una reactivación de la acción de política exterior conjunta o coordinada, allí donde, pragmáticamente, los intereses de los países miembros confluyan o coincidan.

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Existe el mito de que las diferencias políticas de los gobiernos, coyunturales por naturaleza, impiden la coordinación de políticas de América Latina y de los países andinos. El dato empírico desmiente esta afirmación. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el año 2022, el índice de coincidencia del Perú con los países de América Latina, incluidos los andinos, fue de 85,54%. Con los Estados Unidos solo el 32,53%. Esa situación, hoy, prácticamente no ha variado. La realidad de los intereses objetivos de las sociedades y los Estados se impone a los arrebatos de la ideología. Este es un signo del sistema internacional de transición de nuestros días. Unos países lo leen. Otros no.

La reforma supone, también, un cambio en la  estructura institucional y normativa. No puede seguir subsistiendo un armazón institucional pensado en función de un mercado común, que no existe ni existirá. La supranacionalidad debe dar lugar a una estructura de normas e instituciones de carácter intergubernamental. Resguardando el patrimonio histórico. El parlamento andino ya no puede elegirse por voto directo. Es una ficción. El Tribunal Andino de Justicia podría transformarse en un órgano intergubernamental de solución de controversias. Menos costoso. Más eficaz.

Una CAN con este nuevo ropaje y alcance estratégico supone la capacidad negociadora para solucionar, previamente, las crisis diplomáticas que afectan a las relaciones del Perú con Bolivia y Colombia. La misma reforma puede ser un estímulo para hacer diplomacia bilateral.