La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra que, a pesar de que el pesimismo hacia la política está muy presente en el ánimo ciudadano, la esperanza y la expectativa de un cambio a favor de la población, en unas próximas elecciones, sigue ahí vivaz, atento a una posible respuesta. Está esperando que alguien plantee y/o construya una alternativa que genere algún nivel de credibilidad y, sobre todo, entusiasmo.
Me refiero a los resultados de dos preguntas que indagan sobre qué expectativa tiene la gente con relación a que, en las próximas elecciones, surja una persona, partido o movimiento político, que lidere un cambio positivo para el país. En ambos casos casi el 70% menciona que sí cree en esa posibilidad. Entre los jóvenes (18 a 39 años) y en el interior del país la esperanza es algo mayor. Las personas, a pesar de todo, aguardan a que alguien responda a sus preocupaciones. El problema es que ese sentimiento positivo no tiene quien le escriba. Solo aparece cuando se pregunta en la encuesta, es una emoción sin nombre que la sostenga. La evidencia de esto último es que, cuando se pregunta por quién se votaría en un probable adelanto de elecciones, algo más del 80% no puede señalar una alternativa, peor aún, dice que por ninguno. Esta cifra se puede leer con desconsuelo, pero también puede ser un indicador de lo que se puede hacer. La gente está aguardando. Tenemos una base, pero faltan los lados que completen el triángulo y definan los vértices adecuados.
El reto es cómo volver a conectar con una ciudadanía cansada de la política, y de la información que la cubre. Para la mayoría ciudadana, un 88% que dice tener solo algo, poco o ningún interés en la política (última encuesta del IEP), informarse sobre ella es volver a ver las mismas noticias de corrupción que se repiten y repiten sin cesar y sin solución a la vista. Un protagonista cotidiano de estas escenas rechazadas son el Congreso, el Ejecutivo y muchos Gobiernos locales. La desconfianza y la desafección hacia los asuntos públicos, salvo que un grupo se vea directamente afectado, es lo que prima. Pero eso no quiere decir que la gente no espere respuestas. Significa que no se tiene expectativas con relación a los responsables de que estas sean atendidas. Es lo mismo que ocurre con los servicios que debe dar el Estado. Por ejemplo, en términos de violencia familiar, muchas mujeres saben que podrían ir a una comisaría a denunciar a la pareja que abusa de ella física y/o psicológicamente, saben que tienen ese derecho y quisieran recibir ayuda. Pero también creen que ir a la comisaría de poco o nada servirá porque no habrá quien las escuche. Se sabe qué se necesita, pero no se confía en el responsable de llevar adelante las soluciones.
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El problema de no encontrar respuestas es que todo el proceso de ir reconstruyendo o construyendo alternativas de organización social y política se viene dando de a pocos y en un contexto donde otros actores, más interesados en mantener el estatus quo también están presentes. De la mayoría de los partidos que están hoy en el Congreso, y de varios que aspiran a volver, poco se puede esperar. El intento de eliminar los movimientos regionales es una muestra más de que la renovación y el cambio no está dentro de sus intereses. En el 2002, en las primeras elecciones regionales, los llamados partidos nacionales obtuvieron 17 Gobiernos regionales, 12 fueron gobernadores apristas. Nunca más tuvieron ese protagonismo. Hace 18 años de eso, pero los partidos poco o nada aprendieron sobre el tema, solo siguieron empeorando. Desde el 2000 a la fecha, diversos grupos políticos pasaron por el Ejecutivo y el Congreso. Hoy sus líderes presos, con juicios o diversos problemas legales solo acompañan al desprestigio y rechazo que sus agrupaciones recogen en las encuestas.
Desde la sociedad civil poco a poco se ha ido tomando conciencia de la necesidad de retomar iniciativas. Hay diversos colectivos y organizaciones que están buscando promover una ciudadanía activa que pueda organizarse mejor para canalizar sus intereses. También en el sector público, hay diversos grupos que buscan dar el mejor servicio posible, con los escasos recursos con los que cuentan, y tratan de definir, o a veces defender, adecuadas políticas públicas en beneficio del país. Parte del problema es que estas iniciativas no dialogan entre sí. En un primer momento esto puede haber tenido sentido porque es mejor que un grupo determinado se concentre en lo que quiere hacer para poder avanzar. Muchas veces eso implica mirar para adentro. Pero da la impresión de que es momento de ir pensando en formas de hablar con mayor firmeza, de la manera más pública y abierta posible sobre estos esfuerzos. Sobre todo, es necesario ver formas de ir conectándolos para que se vea que son muchos los interesados en acciones de bien común. Cuando se habla de la importancia del capital social en una democracia se hace referencia al rol de esos vínculos entre diferentes organizaciones y esfuerzos que no necesariamente tiene acciones dirigidas a los mismos objetivos, pero que sí están vinculadas por un propósito común. No todas las iniciativas coincidirán en diagnósticos y soluciones. Eso no existe, bienvenida sea la discrepancia e incluso el conflicto. Lo importante es que concuerden en la voluntad de hacer algo por el bien del país. Y si existen, deben conectarse para poner en agenda su mensaje. Ese es el nuevo consenso que se tiene que generar, y hay que ver las formas de que ese trabajo se vaya haciendo visible. Hay mucha gente que está esperando respuestas.
* Hernán Chaparro es psicólogo Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima
Profesor e investigador en la Universidad de Lima, Facultad de comunicación. Doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del comité consultivo del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Viene investigando sobre cultura política y populismo.