Se ha consumado otro nuevo paso para un proceso electoral sin las condiciones que garanticen una sana competencia entre postulantes. Se está eliminando del mapa político a los movimientos regionales, que lograban en cada comicio poner la cuota local para alcanzar representación en los cargos de elección popular.
Este artículo no aparecía en el predictamen aprobado en el 2023, pero fue introducido de contrabando por la congresista fujimorista Martha Moyano, quien aún no ha explicado las negociaciones que mantenía con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Se está modificando así el artículo 35 de la Constitución, que señala la vigencia de los movimientos como expresiones de la voluntad política del electorado y su capacidad de representación popular. En su afán de lograr el control del proceso electoral próximo y ante la escasa legitimidad con la que cuentan los partidos políticos debido a su incapacidad de expresar la opinión de sus representados, han decidido eliminar la competencia.
El Congreso, que escasamente recibe un respaldo del 6%, se arroga un derecho que la propia opinión pública le ha retirado, al carecer de respaldo popular.
Las modificaciones electorales que se han gestado en el Congreso han tenido siempre la perspectiva de favorecer al pacto corrupto que ha tomado el control del Gobierno y del aparato del Estado, a través de desmantelar la institucionalidad democrática. El objetivo siempre ha sido el de brindar todas las condiciones para perpetuarse en el poder y blindarse de posibles investigaciones y sanciones. Por ello, el ojo ha estado puesto en el control del sistema de justicia y del sistema electoral. En tanto, avanzan en las modificaciones sustanciales para beneficio de su candidata, a la que le van paulatinamente quitando competencias.
Este Congreso del 6% sigue firme en su política de tierra arrasada hasta que cumplan a cabalidad con su sueño de un país como botín. Tal como lo hicieron en los 90.