La salida del exministro Carlos Oliva del consejo fiscal (CF) es una muy mala noticia cuando al Perú le urge recuperar credibilidad para atraer inversiones y mejorar su calificación internacional, pero más preocupante es la razón de su partida: una presidenta que no quiere críticos y un titular del MEF que no defiende los fueros de un ministerio que no deja de perder liderazgo y poder.
El CF tiene la misión de evaluar la sostenibilidad fiscal con autonomía e independencia del gobierno para fortalecer la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas. Con ese fin, debe emitir opiniones y recomendaciones no vinculantes.
La misión del CF es cada vez más relevante pues el déficit fiscal, que en las últimas décadas fue una gran fortaleza de la economía peruana, se ha debilitado en estos años, quebrando la regla fiscal y obligando al MEF a realizar piruetas para esconder lo que ya es inocultable: que la diferencia entre el gasto público y los ingresos recaudados por el estado está en zona de riesgo.
En 2023, se rompió la regla fiscal por primera vez en 22 años, con un déficit de 2,8%. En 2024 la meta es del 2%, pero hoy el desbalance ya supera el 3%.
Por ello, en cumplimiento estricto de su mandato, el CF debió emitir observaciones a través de su presidente, Carlos Oliva, por los esfuerzos de “contabilidad creativa” para camuflar el problema, lo que irritó al exministro Alex Contreras, en lo que fue uno de los principales errores de su gestión.
El gobierno está molesto con el CF, pero por las razones equivocadas. En vez de molestarse con el mensajero, debería molestarse con su propia incapacidad de enfrentar el problema fiscal. Y, entonces, en vez de aplicar ajustes en el manejo económico, hace un ajuste de cuentas con Oliva, en medio de un sainete que habla muy mal del gobierno.
El mandato de Oliva termina en breve y el CF solicitó ratificarlo para otro período, lo cual le pareció bien al ministro José Arista, pero, según Ojo Público, no a la presidenta Dina Boluarte, preocupada por las críticas al gobierno y al municipio de Lima porque el MEF lo autorizó a endeudarse en exceso.
En vez de matar problemas, la presidenta mata al mensajero y el ministro de economía se lo consiente, un patrón ya muy preocupante del gobierno.