¿Son importantes las instituciones en el crecimiento económico? Es una pregunta relevante porque la discusión actual sobre la necesidad de reactivar la economía –cuando menos en el corto plazo– en mucho reposa sobre la recuperación futura del gasto o de la demanda, y no de las implicancias de contar con instituciones que funcionen previsible e imparcialmente.
La revisión exhaustiva de la literatura económica nos da luces sobre las principales características que deben tener las instituciones, y de qué manera el no cumplimiento de sus decisiones con imparcialidad o sesgos marcados de estas repercutirá adversamente sobre el crecimiento económico.
Lo anterior viene ocurriendo no solo en el Perú sino también en la gran mayoría de países de América Latina. Esto sucede debido a los incentivos perversos que se han generado a lo largo de la historia que tienden a la búsqueda, únicamente, del bien personal. Veamos algo de esto.
Estas se constituyen como las normas, usos y costumbres que rigen las relaciones sociales (y económicas también) entre distintos grupos de interés.
En el caso específico de las instituciones económicas surgen de dos maneras: de forma informal, a través de repetidas interacciones entre individuos u organizaciones que establecen normas de comportamiento; o de manera formal, mediante un diseño generalmente expresado por una organización con el poder de hacerlo, por ejemplo, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial.
El beneficio de instituciones que funcionan adecuadamente, sobre todo desde el plano económico, es que determinan los costos de transacción o negociación, las cuales, en economías modernas, son de magnitud importante y creciente. Esto pasa porque también afectan los costos de transformación, direccionando –indirectamente– la estructura productiva del país.
Dicho asunto que no debe perderse de vista debido a que hoy, en nuestro país, solo 2 de cada 10 trabajadores son formales. Es por lo anterior que se requiere que la velocidad de crecimiento económico sea mayor en el sector no primario (manufactura no primaria, construcción, servicios) al ser este más intensivo en el uso de mano de obra respecto al sector primario (minería, hidrocarburos, pesca), el cual es más intensivo en capital.
Adicionalmente, un crecimiento económico intensivo en empleo ayudaría a revertir mas rápidamente la pobreza en el país.
En el Perú, el 27,5% de la población es pobre. De ellos, el 22,5% son pobres no extremos y el 5,0% son pobres extremos. En términos absolutos significa que, aproximadamente, 9 millones 184.000 peruanos viven en pobreza.
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Crecer económicamente implica demandar más empleo, una variable económica que, junto a los salarios, determinan la masa salarial, factor que explica el nivel del consumo privado, el cual representa el 68% del gasto en nuestra economía.
El principal tema es que, sin la existencia de instituciones que funcionen adecuadamente (previsibles y sin sesgos), retomar el crecimiento económico en términos sustantivos –y no por espejismo estadístico (como ocurrirá en el segundo semestre de este año dadas las pequeñas cifras del 2023)– será muy complicado. Los mercados difícilmente serán asignadores eficientes de recursos (no solo cuando existan externalidades, información asimétrica o abusos de posición de dominio) y, por supuesto, no se alcanzaría el éxito que se lograría en el mundo.
Cabe advertir que instituciones ineficientes a la larga propician el surgimiento de fallas en el cumplimiento de las tareas del Estado y, por ende, del mercado.
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Algo menos conocido se relaciona sobre qué efectos tienen un inadecuado funcionamiento de instituciones no económicas sobre la economía.
Por ejemplo, la actual crisis en el Ministerio Público o la incredibilidad en iniciativas legislativas provenientes del Congreso de la República genera incertidumbre en cualquier agente económico para su toma de decisiones, extendiéndose en el tiempo la adopción de alguna, considerando que hay otras plazas a considerar.
Sin ánimo de ser pesimista extremo, un escenario adverso por venir podría ser aquel en el que se plantean políticas macroeconómicas sensatas para reactivar la economía, pero si esto no se da en un contexto de instituciones que sean más predecibles y no sesgadas en sus decisiones hacia determinados grupos de interés, la reactivación económica y del empleo demorarán más tiempo en producirse.
Este retraso en la reactivación que podría producirse es particularmente preocupante en tanto podría multiplicar la protesta y convulsión social en el país.
Por ello, tomar en cuenta la necesidad de un imparcial funcionamiento de las instituciones, a modo de prevención, es fundamental.