A quién se salva y a quién se jode, por Augusto Álvarez Rodrich
Los políticos van y vienen, la justicia debe durar por siempre.
Más allá de la valoración que cada uno tenga sobre el desempeño de la JNJ, el embate del congreso es inaceptable pues no busca mejorarla, sino venganza y control político con fin subalterno.
La destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez es una arbitrariedad más de un congreso que ha perdido todo decoro y sentido común y de la vergüenza.
Los discursos que supuestamente justificaban el atropello fueron deplorables y expresión inequívoca de lo que pasa cuando una institución clave del país se llena de mediocres y corruptos que confirman que, peor que una bestia, es una bestia con iniciativa.
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Pero, al margen de los exabruptos verbales de esa penosa sesión parlamentaria —destacando Patricia Chirinos—, lo ocurrido va en la misma y antigua dirección de una tara central de la institucionalidad peruana: el intento sistemático de los partidos, por la convicción de que ganar influencia no pasa por la persuasión sobre la calidad de sus argumentos, sino mediante la captura de parcelas de poder en la justicia y entidades electorales.
Esto explica las inhabilitaciones en la JNJ o los planes de reorganización del ministerio público ‘a la prepo’ planteadas desde el congreso que no buscan mejorar el desempeño de estas instituciones sino politizarlas y que empeorarían los casos anticorrupción, los cuales se deben corregir mediante la institucionalidad existente.
Lo cual no obvia los vicios y descarríos de estos procesos. La JNJ no tuvo un buen desempeño para corregirlos, y el ministerio público es ejemplo de politización y manejo amañado. Como se ve en estos días, por ejemplo, cuando Domingo Pérez, en su incapacidad de realizar un proceso correcto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quiere investigar sus actividades desde 1966 —no es error tipográfico—, cuando trabajaba en el Banco Mundial analizando Nueva Zelanda, continuando con decisiones que deberían registrarse en un libro negro de lo que jamás debería hacer un fiscal honesto y no politizado.
Algo que a muchos ya no les preocupa. Con adicción a una justicia politizada, en el país ya no interesa de qué se trata, sino de quién y de su ideología, lo cual termina decidiendo a quién se salva y a quién se jode.