El funeral del presidente Sebastián Piñera coincidió con las reacciones al testimonio del exasesor Jaime Villanueva en la fiscalía, perfilando dos países con problemas socioeconómicos con similitudes, pero políticos con distinta capacidad de cohesión para encarar una crisis y acaso mirar el futuro.
Las ceremonias incluyeron de modo protagónico a Gabriel Boric recibiendo el féretro en La Moneda y en la catedral de Santiago, tras los discursos de los expresidentes, reconociendo excesos como opositor con la respuesta del abrazo emocionado de la viuda.
Es otra de las lecciones a las que se ha referido esta columna por las reacciones a la muerte de Piñera, dejándonos con sana envidia por el aire unificador que generó el funeral en los políticos chilenos, y que podría ser el tipo de evento histórico que crea oportunidades de reconciliación que, sin eliminar las diferencias naturales en una democracia, permite, pese a ellas y con ellas, ver distinto el futuro.
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A Chile le urge tras el fiasco constitucional, como el Perú tras muchos otros fracasos, aunque el deterioro de la institución de la presidencia y el encono entre políticos hacen que sea imposible acá, donde se permiten majaderías como que un niñito impida que Ollanta Humala rindiera homenaje a Alan García en su muerte, o que una malcriadita frenara el ingreso de Francisco Sagasti al congreso para dejar la banda.
“Nosotros seguimos en la cultura de la guerra, en la república litigante”, dijo Carmen Mc Evoy en entrevista con Jaime Chincha en Canal N por el libro que ha editado, Funerales republicanos en las Américas, en la que se conversó sobre la importancia de los ritos funerarios en una democracia.
Una probable explicación del encono y toda la ropa tendida que hay en el Perú entre sus políticos está en los testimonios de Villanueva, que dejan la percepción —cierta o no, pero sin duda existente en la creencia de la mayoría de ellos—, de que han practicado el juego sucio de cooptar a la justicia para meterse presos, robarse elecciones, o empujarse a la muerte, con procesos desprestigiados por falta de seriedad, con la responsabilidad crucial del ministerio público por fiscales que practicaron la anticorrupción volviéndose parte de ella al usarla con fin político.