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Opinión

Solidaridad con Carlín

Gremios y organizaciones sociales se han pronunciado a favor del derecho que asiste al caricaturista a interpretar la realidad desde su óptica personal.

larepublica.pe
EDITORIAL

Nuevamente, Carlos Tovar, el genial caricaturista Carlín, es objeto de ataques y amenazas por parte de instituciones y personas que consideran que sus dibujos afectan de alguna manera su honorabilidad o integridad. Son reacciones que buscan coartar la libertad de expresión del dibujante y del medio de comunicación que transmite las caricaturas, vía el impreso o la web.

Carlín es un intérprete de la realidad. Su trabajo de larga data es reconocido y aplaudido porque expresa un punto de vista, un análisis y crítica, una lectura a veces descarnada de lo que acontece, desde el humor.

En este caso, es una caricatura de policías clasificados entre buenos y malos. En un país que a diario se entera de agentes que lideran bandas criminales, mantienen el secreto sobre los responsables de las muertes de más de 49 personas en las protestas de hace un año o que cotidianamente cobran coimas, decir que el caricaturista lesiona la imagen institucional es más que una exageración, una intentona inútil de tapar el sol con un dedo.

Para saber que hay buenos y malos policías solo basta ver la calificación de la ciudadanía sobre la institución, pues un 77% no confía en la PNP, según el INEI (set. 2023). Es decir, Carlín no ha graficado algo que el Perú no sepa y mayoritariamente piense.

En cuanto a procesar legalmente al caricaturista y al medio de comunicación, hay que recurrir para la respuesta a toda la legislación que protege en el país a la libertad de prensa. El TC ha establecido el criterio subjetivo del punto de vista y la interpretación, considerados como ejercicio de la libre expresión. El acoso contra Carlín se suma al que sufren Rosa María Palacios, asediada y agraviada, y César Romero, espiado.

Se han pronunciado a favor del derecho de Carlín a interpretar la realidad desde su óptica el Consejo de la Prensa, la SIP, IPYS, ANP, Colegio de Periodistas, el propio relator de Libertad de Expresión de la CIDH y organizaciones sociales y colectivos, que responden así a un nuevo intento de menoscabar los derechos ciudadanos. Hay que reiterarlo muchas veces hasta que desde el poder se entienda: la base de la democracia es la libertad de expresión.

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