La crisis constitucional en A. Latina, por Juan De la Puente
"Sin constituyentes, y debilitadas las reformas del Parlamento y los referéndum nacidos arriba, queda una cuarta vía, el pacto social impulsado desde la sociedad”.
Ha terminado el período constituyentista en A. Latina iniciado en Venezuela (1997) y continuado en Bolivia (2006-2009) y Ecuador (2007-2008). El acto final se escenificó en Chile cuando acabó el proceso constituyente sin Constitución, un resultado amargo para el 78% que en 2020 votó por cambiar el texto de Pinochet. En diciembre pasado, el 56% votó contra el texto aprobado por el Consejo Constitucional de mayoría derechista, elegido como respuesta al fracaso del texto anterior redactado por la Convención Constitucional de mayoría izquierdista, rechazado por el 62% en 2022.
Chile se queda sin nueva Constitución y, quizás, sin política de largo plazo. La izquierda, que puso casi todos los huevos en la constituyente, ha dicho que sus 10 partidos no están disponibles para un nuevo proceso y que sus prioridades son “la agenda del Chile real”; es decir, seguridad, empleo, pensiones, salud y educación.
Del proceso culminado, la Carta de Bolivia es la de mayor legitimidad. Fue defendida en el referéndum de 2016 cuando se rechazó la reelección de Morales y resistió su ilegal intento de rerreelección en 2019. La de Ecuador también resiste la prueba del tiempo: los presidentes Moreno, Lasso (may. 2021-nov. 2023) y luego Noboa no propusieron erradicar el texto de 2008. La de Venezuela es la más precaria y fue reiteradamente tasajeada por el chavismo. En el camino, Maduro impulsó una mascarada de constituyente en 2017 que finalizó el 2020 sin aprobar un nuevo texto.
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Las iniciativas constituyentes pierden impulso. En el Perú, donde más se quiere una nueva Constitución (40% IEP de noviembre), el porcentaje de quienes lo desean vía una constituyente es menor. Al tomar el poder, Petro aseguró que no impulsará una constituyente y en el Congreso colombiano la iniciativa es marginal. Lula, cuyo partido propuso una constituyente en 2014 y 2018, renunció a esta idea en la campaña electoral de 2022, y en Honduras, el Gobierno de Xiomara Castro reconoció en diciembre pasado que no existen condiciones para una constituyente debido a la polarización política.
El fin del constituyentismo no implica que las otras dos vías —reformas por los parlamentos y referéndum— resuelvan los problemas de fondo del sistema democrático de modo oportuno y garanticen estabilidad. Las crisis horadan el pacto democrático y la dinámica constitucional no logra cerrar los grandes conflictos o paliar sus efectos. En medio del agotamiento, algunas sentencias de tribunales constitucionales son positivas, como la anulación de la reelección indefinida en Bolivia, el derecho permanente de los pueblos originarios sobre sus tierras en Brasil, la inconstitucionalidad de las leyes contra el aborto en México, y la suspensión cautelar de las leyes hasta la resolución del tema de fondo en Colombia.
La dinámica constitucional es insuficiente para frenar la progresión del deterioro. La resistencia mafiosa en Guatemala y el temprano abuso de la excepcionalidad por el Gobierno de Milei en Argentina (Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23) son los últimos datos de esta progresión. El constitucionalismo es inmovilizado por varios problemas inéditos y desbordado por fuerzas de mayor calado, en tanto los actores recurren a la perversión constitucional para conseguir sus propósitos.
En un listado general, estos problemas son la crisis del presidencialismo, cada vez más minoritario frente a parlamentos levantiscos y corruptos, la ineficacia de las segundas vueltas para renovar la democracia, la sobrepoblación de caudillismos, la resistencia activa neoliberal al cambio económico —la verdadera razón de la fobia a las constituyentes— la toma corrupta de las instituciones y las crisis económicas.
El caso más paradigmático es el peruano donde entre 2016 y 2023 se modificaron 24 artículos de la Carta de 1993 (entre ellos 3 declarados inconstitucionales) para prohibir la reelección de congresistas, aumentar el plazo de detención en flagrancia y aumentar los requisitos para postular a cargos de elección popular o para servir al Estado, entre otros. No obstante, la crisis se profundiza, el Estado es tomado por la corrupción, y la perversión constitucional —abuso de la vacancia y cuestión de confianza, juicios políticos arreglados bajo la mesa, amenaza de retiro de la CIDH— se ampara, increíblemente, en los mecanismos constitucionales.
No es distinto el caso de Ecuador. Pleno de una crisis de seguridad que primero es política, votó en 5 referéndums y consultas populares nacionales con la Carta de 2008. En ese período, el pueblo respondió un total de 24 preguntas, algunas de las cuales se originaron en la agenda menuda y no en cuestiones de Estado. Correa y Moreno ganaron sus referéndum y Lasso lo perdió.
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En Colombia, Uribe perdió en 14 de las 15 preguntas del referéndum de 2003, pero él y la derecha ganaron el plebiscito de los Acuerdos de Paz de 2016, en tanto que la consulta anticorrupción de 2018 fracasó. Aunque habría que anotar que la reforma al equilibrio de poderes de 2015 fue quizás la gran reforma más consensuada en A. Latina en los últimos años.
Ha concluido tanto el ciclo constitucional liberal clásico, cuya textualidad no fue capaz de enriquecer la ciudadanía individual con el reconocimiento de la pluralidad de nuestras sociedades, así como el ciclo del nuevo constitucionalismo de A. Latina, exitoso en la afirmación plurinacional y de la tierra, y el autogobierno de las comunidades, pero sin reflejos para afrontar un desafío mayor, la nueva “agenda real” a la que se refiere la izquierda chilena. Falta saber el sentido de largo plazo de esa agenda.
Sin constituyentes, y debilitadas las reformas del Parlamento y los referéndum nacidos arriba, queda una cuarta vía, el pacto social impulsado desde la sociedad con un vigor capaz de imponerse a la fragmentación y polarización, permear a los nuevos actores y legitimarse desde abajo, una ruta contraria a las reformas neoliberales y al diálogo victimario de las comunidades no contactadas fuera de las capitales. Aunque fue trabajoso, un ejemplo es la prohibición de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) que luego de 10 años logró ser sometida al referéndum de agosto de 2023, para ser aprobada.
Con diferencias de país a país, la Constitución en A. Latina está en las calles de un modo nuevo, en un proceso inédito, largo e incierto. La idea de un pacto social es subestimada por una parte de la academia que olvida el sentido pacificador del contractualismo y porque también olvida otro valor esencial: se trata de un pacto, es decir, se impone un mandato de unidad en lugar de la imposición del 51% contra el 49% de la población presente en varias ideas de constituyentes no pactadas, y porque se trata de una elaboración social como alternativa a la crisis de los espacios institucionales y la perversión constitucional.