El efecto cucaracha, por Marisa Glave

Además de ser una de las especies más resistentes del planeta y con poder para tolerar largas temporadas sin comer, las cucarachas migran con gran facilidad. Si un vecino nuestro tiene una plaga y fumiga su casa, es más probable que logre infestar la nuestra antes que aniquilar a sus invasoras.

En criminología se habla del efecto cucaracha. Surge por la experiencia mexicana de lucha contra el narcotráfico, al ver cómo esta actividad criminal lejos de extinguirse logra adaptarse a las nuevas condiciones –diremos que tiene una alta resiliencia– y se desplaza territorialmente con gran facilidad. Como las cucarachas, los cárteles han evolucionado y se han expandido.

El cartel de Sinaloa está presente en 51 países del mundo y lava recursos en 3.700 empresas. Uno de los efectos no pensados de la guerra contra las drogas declarada por EEUU, entre otros factores, ha sido la transformación de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Estas pasaron de carteles centralizados que manejaban toda la cadena productiva de la cocaína a funcionar como una suerte de “holding”, con organizaciones tercerizadas o franquicias con especializaciones diferentes (Fernando Carrión). Tenemos hoy bandas criminales especializadas, unas en el cultivo de la coca –varias de ellas peruanas– diferentes a las que se dedican a la producción de la cocaína, otras centradas en la distribución, distintas a las que se dedican al lavado, además de las que se han vuelto expertas en brindar seguridad para cada una de las actividades de la cadena.

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Hace pocos días, Fernando Carrión, ecuatoriano exdirector de FLACSO, dio una charla para Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, explicando con mucho detalle el caso ecuatoriano y las implicancias para la región en su conjunto. Me parece oportuno, hoy que nuestro país vecino declare una “guerra interna” contra bandas criminales que han tomado los penales y se han levantado en armas, preguntarnos por las condiciones ya existentes en el Perú para recibir a las “cucarachas” que busquen migrar. Estamos ante un fenómeno que trasciende fronteras, que funciona cada vez más con una lógica de red, de flujos y de nodos, pero seguimos atrapados pensando en políticas de seguridad nacionales.

Carrión plantea algunos elementos que deben llamar nuestra atención. Para empezar la débil capacidad de los Estados de controlar el territorio y particularmente las fronteras. En el Perú ya hay zonas liberadas. La clásica, asumida hace mucho tiempo por todos como zona “narcoterrorista”, es el Vraem. Pero en los últimos años algo similar empieza a pasar con La Libertad. Santos Guillermo Sánchez Vera, secuestrado el 18 de enero, apareció muerto hace unos días en Santiago de Chuco. Era un empresario minero por el que pedían 10 millones de dólares. Esta escalofriante noticia ya no es una novedad. Empieza a ser parte del cotidiano y una muestra clara de la incompetencia de la Policía, de las autoridades locales, regionales y nacionales.

La Libertad es una región gobernada por Alianza Para el Progreso, básicamente por Cesar Acuña, hace más de una década y hoy lo máximo que se anima a proponer es que se necesita para su región la declaratoria de estado de emergencia. Como recuerda Carrión, en Ecuador el expresidente Lasso declaró más de 20 veces estado de emergencia en el país para aplicar “mano dura” contra el crimen y lo que tenemos hoy es un país tomado por las bandas criminales. Los estados de emergencia por sí solos no sirven de nada. No solo Ecuador es una muestra palpable, sino lo es nuestro propio país. El 2023 ha sido el año de las declaratorias de estados de emergencia en distritos de la capital y empezamos el 2024 destituyendo al jefe de la Policía, general Jorge Angulo, básicamente porque se comprueba que la criminalidad va en aumento.

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Carrión sostiene, justamente, que hay una relación entre el tipo de criminalidad que se desarrolla y la manera en que se busca controlar esta actividad. Es central pensar en las zonas donde operan, las fronteras además de las ciudades –pues cada vez hay una mayor urbanización de las actividades criminales– así como el tipo de política que se implementa. La política penal clásica, pensada para el crimen tradicional interpersonal, no sirve para hacer frente a la criminalidad moderna, organizada, que no opera al azar sino en base a objetivos claros, con tácticas definidas, sistemas de inteligencia y tecnología de punta; que además acumula recursos que superan los que tiene el Estado para hacerle frente y ha demostrado que es capaz de penetrarlo con facilidad a través de los canales de la corrupción, a todo nivel.

Es central entonces pensar también en las economías criminales. Solo en Ecuador las 22 bandas criminales que han sido declaradas como terroristas por el presidente Noboa, que para Carrión son parte de la red global del crimen, emplean a más de 50.000 ecuatorianos. No existe hoy ninguna empresa formal que genere la misma cantidad de puestos de trabajo en ese país. Así, la conexión internacional de Ecuador pasa más por el narcotráfico que por la exportación de petróleo o banano.

Pasemos ahora al Perú, donde junto al narcotráfico tenemos a la tala y la minería ilegal. Según la UIF en 10 años solo la minería ilegal ha lavado más de 8.000 millones de dólares. El peso que va adquiriendo en nuestra economía es cada vez mayor, tanto por la gran cantidad de recursos que maneja, como por el gran número de personas dedicadas a esta actividad. Combatir estas actividades delictivas no se logrará solo con represión y punición. Se requiere pensar en políticas de generación de empleo, de desarrollo económico y de fomento. Como sostiene Carrión, cada criminal que sea detenido será reemplazado rápidamente por otro dado el alto nivel de precariedad laboral en nuestros países y el peso económico de las actividades criminales.

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José Antonio Mantecón, el padre Chiqui, viene años diciendo en el país que no podremos combatir la delincuencia ni frenar el aumento de la criminalidad si es que no desarrollamos políticas sociales pensadas específicamente para la juventud. Pero nuestras autoridades no ven el rédito político en la prevención. Si no lo hacían antes, peor aún ahora con una presidenta como la señora Boluarte, enredada en un conflicto con la Policía Nacional por el jalón de pelo que recibió en Ayacucho, fruto de su incapacidad moral más que de un problema real de inseguridad ciudadana.

América Latina sí necesita avanzar en una integración regional, pero el motor de esta integración no serán discursos políticos altisonantes o meros intereses económicos, será la necesidad de nuestros pueblos de enfrentar el fenómeno de la criminalidad que nos daña, que ya opera como una red global que transita nuestros territorios sin importar las fronteras.