La demolición en el Congreso de la República de la reforma de la educación, que garantizaba la exigencia de la calidad para los procesos de formación de los jóvenes y niños del país, no se detiene. A la determinación de abrir las puertas a todos los docentes que no lograron su ratificación vía los exámenes de calificación, se suma ahora la posibilidad de que las universidades sean certificadas de una vez y para siempre.
Con la primera de las dos decisiones, se puso fin a la carrera meritocrática magisterial. Se trata del fin de las evaluaciones permanentes para lograr que se imponga el criterio de la calidad. Es una vuelta de tuerca hacia el pasado. Se trata de 14.000 docentes interinos, que no aprobaron o no quisieron dar la prueba en el 2014, para lograr una plaza en el Estado. De la mano de congresistas han intentado una y otra vez ser repuestos y lograr nuevamente el acceso a la labor docente. En este Gobierno de Dina Boluarte, el debilitado Ministerio de Educación no ha podido hacer frente a la fuerza política que despliega el Congreso y a la demanda de los 14.000 profesores interinos.
La otra muestra de debilidad institucional es el planteamiento de José Balcázar y de sus compañeros de la bancada del Bloque Magisterial. El actual presidente de la Comisión de Educación ha promovido una iniciativa que otorgaría el licenciamiento a las universidades públicas y privadas, por una sola vez y de forma indefinida.
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Se trata del favorecimiento abierto a todas esas universidades que no lograron o no quisieron ser licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu). Una acción sin precedentes, porque el licenciamiento será una patente de corso para hacer lo que se les antoje a los propietarios de este floreciente negocio educativo.
Son tiempos muy difíciles para la comunidad educativa, deseosa de alcanzar metas y de garantizar cada vez mayor calidad en colegios y universidades. Es el retroceso descarado de una reforma que se está demoliendo paso a paso, víctima de los arreglos bajo la mesa y la expectativa de lucro de unos cuantos. Es lamentable porque los grandes perjudicados serán los jóvenes, a quienes se les está negando su derecho a una educación de calidad.