El valor de la verdad, por Jo-Marie Burt

Escribo estas líneas el 28 de agosto de 2023, día que marca el vigésimo aniversario de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El trabajo de la CVR representó el comienzo de un proceso de recuperación de la verdad histórica sobre los hechos de violencia política que devastó al Perú durante 20 años, una verdad a menudo encubierta, tergiversada y manipulada para los fines de uno y otro lado.

La CVR destapó la magnitud del delirio senderista, de su ideología totalitaria y su política de asesinato a aquellos que consideraban enemigo de la “revolución”, desde representantes del “Estado burocrático-capitalista” —autoridades locales, regionales y nacionales, policías y soldados, empresarios— hasta quienes desde el campo popular rechazaban su “guerra popular” —líderes comunales como María Elena Moyano, dirigentes sindicales y campesinos, y militantes de partidos políticos de todas las tendencias—. Reconoció la particular brutalidad que ejerció contra la población asháninka, esclavizado por años bajo control del senderismo.

También documentó la incapacidad de los gobernantes de turno de entender a la amenaza senderista y diferenciar entre el peligro real y el peligro imaginado, que devino en un terrorismo del Estado: en masacres a comunidades campesinas enteras —Accomarca, Socos, Cayara, Putis—, y en prácticas barbáricas como la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual.

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Como dijo el presidente de la CVR, Salomón Lerner, la verdad descubierta representaba “un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron”. Demostró la gran fractura social en el Perú, con la revelación que tres de cada cuatro víctimas era indígena, rural, campesina. Fue una verdad difícil de aceptar. Es una verdad que cuestiona en su esencia la base colonial del Estado-nación peruano: la denegación de la ciudadanía de la población indígena, de su condición de dignidad humana, de ser personas cuyas muertes merecen ser lloradas. En fin, en la denegación del otro como parte de la nación.

Los hechos de los últimos nueve meses evidencia que esta lección no ha sido asumida, que la población rural, indígena y campesina sigue siendo tratada con indiferencia, con desprecio, como no-ciudadano, como no-perteneciente a la nación. No solo porque la mayoría de las 49 personas que perdieron la vida en las protestas entre diciembre de 2022 a marzo de 2023 pertenecen a estos sectores, sino también porque desde el poder se ha querido desconocer su derecho a expresarse políticamente, a tener voz en la toma de decisiones de la nación, de pertenecer al cuerpo social y político llamado Perú. La ansiada reconciliación parece más lejos que nunca.