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Opinión

El Perú ante un pacto de granujas, por Diego García-Sayán

“Si la clave de la ‘alianza’ elegida ayer está en el derecho penal, los objetivos que podrían ser presentados como ‘políticos’ se reducen al ventajismo y las prebendas”.

larepublica.pe
Garcia

El país está jaqueado ante el remolino del horror que lo azota. La cereza encima de la torta ha sido la votación de ayer en el desprestigiado Congreso de la República para elegir a la nueva Mesa Directiva. Es tan extremo todo, que parecen narraciones provenientes de una imaginación perversa y no de una cruda y patética realidad. Porque la disyuntiva para la votación de ayer era algo así como la sartén o las brasas. Fritos por donde se mire.

Esto llamaría a muchas reflexiones, pero quisiera destacar tres, aunque la primera debería ser evidente.

Primero, no se está ante una alianza política en el grupo que ayer se impuso. Para hablar de “alianza” política tendríamos que estar ante dos o más identidades diferentes que se aproximan y entrelazan para un objetivo mayor superando o pasando a segundo plano sus eventuales contradicciones. Nada de eso se aplica en este caso en el que las dos partes son esencialmente iguales.

Para empezar comparten algo muy importante entre sus principales directivos: multitud de procesos penales por graves delitos de corrupción (no por luchas sociales o asuntos de principios). Que van desde la larga cadena con varios eslabones muy serios de corrupción en el Gobierno Regional de Junín hasta los manejos ilegales de dinero en las campañas fujimoristas y los nexos estrechos para ello con grandes constructoras y empresarios. Entre procesados o prontuariados por delitos graves está, pues, un componente esencial en común: la búsqueda de impunidad.

Segundo, una práctica que nos demuestra la actuación política conjunta —y de consuno— en varias circunstancias dramáticas. Todas acciones orientadas a lo mismo: el desmadejamiento sistemático de la institucionalidad precaria que tiene el Perú y sacar provecho para colocar en cargos a alguien de su grupo.

Como lo han sintetizado varios analistas estos días: la destrucción de la Sunedu, la captura de la Defensoría del Pueblo para anularla, mutilar la meritocracia en la carrera magisterial, el debilitamiento de la colaboración eficaz, el afán de capturar el sistema electoral o el propósito de modificar con propósitos mezquinos más de 50 artículos de la Constitución. Y lo que se sabe viene en la agenda: el sistema electoral y la Junta Nacional de Justicia.

Todo para poner en cargos y funciones a allegados(as) y para obtener ventajas personales.

Si la clave de la “alianza” elegida ayer está en el derecho penal, los objetivos que podrían ser presentados como “políticos” se reducen al ventajismo, las prebendas y el desmantelamiento de la institucionalidad.

Tercero, una sociedad que no es idiota, que viene demostrando astucia e inteligencia y que está dejando atrás eso de estar cruzada de brazos. Entre otras cosas, para detectar que quienes hoy en teoría la representan, solo se representan a sí mismos(as): el Congreso del 6,2% y el Ejecutivo del 10,9%. El Perú es el último país en América Latina en satisfacción con la democracia (8% de la población), de acuerdo a la más reciente encuesta del Latinobarómetro. Esto es obviamente insostenible por tres años más como pretenden, de consuno, el Congreso y el Gobierno.

Sería ingenuo pensar que una situación como esta se puede mantener hasta el 2026 como si no pasara nada. A la respuesta que se ve en las calles en protestas contra este estado inaceptable de cosas se añade, como preocupante telón de fondo, un crecimiento 0 en la inversión, como lo ha explicado una integrante del directorio del BCR.

Ante un país paralizado, jaqueado y de cabeza se exigen inmediatos cambios y virajes de fondo en cómo se han venido manejando las cosas, con ajustes inmediatos de fondo en cómo se gobierna. Y, como lo reclama más del 80% del país, adelantar las elecciones generales.

Ante este pacto de horror que afecta a la patria, hasta la IA del ChatGPT propone una línea de acción: “Cuando hay un ‘pacto de granujas’, combatirlo puede ser un proceso difícil y complejo, pero mantener una sociedad vigilante y comprometida con los principios democráticos puede ayudar a enfrentar estos desafíos y preservar la integridad de la democracia”.

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