Congreso alcanza nuevo pico de desaprobación: 88% de peruanos rechaza al Parlamaento
Además, según la última encuesta del IEP para La República, la gestión de Dina Boluarte ha alcanzado un rechazo del 71%. El exceso de las fuerzas del orden durante las protestas es el detonante.
Según evidencia la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Dina Boluarte y el Congreso de la República comparten una mayoritaria desaprobación en el país: mientras que el 71% rechaza el desenvolvimiento de la mandataria; el 88%, el del Legislativo. Se trata de un estudio desempeñado del sábado 7 al jueves 12 de enero y su margen de error es de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado. Cabe destacar que, en un mes, la reputación del Parlamento ha ido de mal en peor: en diciembre de 2022 contaba con un 80% en contra.
PUEDES VER: Más voces piden renuncia de Dina Boluarte
José Williams, presidente del Congreso, encabeza la desaprobación
Ante la pregunta sobre la percepción del parlamentario —”¿Usted aprueba o desaprueba o desaprueba el desempeño del presidente del Congreso, José Williams?”— se reflejó una elevada crítica: un 72% de rechazo. Solo un 16% acepta su figura de poder. La apreciación negativa se ha agudizado tras las protestas:
Aprobación de José Williams, según IEP. Foto: captura de pantalla
PUEDES VER: Eduardo Dargent: “Boluarte está en un momento en el cual, si no hay un cambio, tendría que renunciar
¿Qué opina la ciudadanía sobre las protestas?
Para un 60% de la población, es justificable que haya habido protestas en diciembre. En cambio, más o menos un tercio del país, 35% en el sondeo, considera que estas manifestaciones carecen de excusa.
Bloqueos en cono norte. Una niña de manera simbólica participa en las protestas realizadas en Arequipa en solidaridad con lo ocurrido en Puno.
Un 44% de los peruanos, además, cree que los actores más importantes de esas movilizaciones fueron grupos de ciudadanos espontáneos u organizados. Un 27% le atribuye esa responsabilidad a colectivos violentistas o vinculados a terroristas. Un 13%, por su parte, le atañe la responsabilidad a agrupaciones relacionadas con economías ilegales.
