El acto de copamiento de las instituciones, en este caso judiciales, ejecutado por el Congreso de la República, nos pone en una posición de enorme fragilidad democrática y augura una etapa de mayor inestabilidad debido al rechazo casi unánime de la población a cada acto de una mayoría, compuesta en esencia por el fujimorismo y la izquierda cerronista.
En el caso de Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación a la que se le ha abierto un proceso constitucional y se le ha inhabilitado por 5 años, no importa la identidad de la magistrada. Es el hecho de haber invadido un fuero que en los últimos 20 años se trató de mantener alejado del poder político.
Las razones de fondo parecen centrarse en un afán de perpetuarse en el sillón del MP de parte de la actual fiscal de la Nación, quien debería tratar más bien de explicar las razones académicas por las que está sentada en ese lugar, en vez de ir tejiendo una red de intercambios de favores con los congresistas para lograr mantenerse hasta el 2027.
Se trata adicionalmente de ir reemplazando, en los cargos públicos de trascendencia para la marcha de la nación, a los funcionarios de calidad. Así, se van copando los puestos con obsecuentes del poder político, que carecen de legitimidad y representación.
Es el caso del defensor del Pueblo, de los magistrados del TC, de la fiscal de la Nación y de otros funcionarios como el superintendente de la Sunedu, el contralor general, a quien pretenden dejar para siempre en el cargo, y muchos otros que están facilitando la operación de captura y control de las instituciones.
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Detrás de este copamiento no existe ninguna propuesta de una mejor gestión de país o un proyecto de construcción de mayor democracia o consolidación institucional. Se trata de una mentalidad de dádivas, transadora, mediocre y es la que está detrás del operativo político. Agarramos lo que se pueda mientras se pueda, parece ser la consigna.
En tanto, el país sigue en retroceso, en grave riesgo porque estos intereses subalternos desatados ahora pretenden copar los últimos bastiones de la legalidad. La JNJ, también amenazada, y el sistema electoral en su conjunto. Son tiempos aciagos, en los que la vena autoritaria gana posiciones. Lamentable.