No a la intervención
CIDH emite pronunciamiento en defensa de los agentes de justicia.
El Congreso peruano, insuflado del exceso de poder que le ha ido otorgando el Tribunal Constitucional, ha emprendido acciones destinadas a limitar e interferir en la independencia y autonomía que debe tener cualquier juez o fiscal en el país.
Sancionar a jueces o fiscales con la inhabilitación o poner en discusión una acusación constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por haber exhortado al Congreso a respetar los fallos de las autoridades judiciales es una muestra de esa intromisión que afecta directamente la calidad de la democracia.
Según la CIDH, las acusaciones constitucionales se basan en infracciones a la carta magna, que no están definidas. Ni en esta ni en las leyes. Se plantea una sanción política atribuyéndose facultades de las que carece el Congreso en relación con otros poderes del Estado.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la representación nacional para establecer claramente las razones de la acusación, delimitando las faltas constitucionales y también que se cumplan todas las condiciones del debido proceso. En el texto emitido señala que “preocupa a la CIDH la ambigüedad de esta figura”.
En el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, se busca sancionar una decisión basada en un criterio que es parte de sus atribuciones; mientras que con los miembros de la JNJ se pretende castigar la emisión de un comunicado institucional que invita a la reflexión en relación con la intromisión del poder político en el ámbito judicial.
La Comisión Interamericana ha lanzado esta alerta cuando el Congreso se dispone a adoptar decisiones en ambas acusaciones. El equilibrio y separación de poderes son características básicas de la democracia, mientras que la legalidad y el debido proceso son los bastiones del Estado de derecho. Ambos corren grave riesgo.
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Un Congreso con pobre representación y bajísimo respaldo popular amenaza ahora las libertades políticas bajo el amparo de un cuestionado Tribunal Constitucional.
Se trata de un momento sumamente grave para el país, en el que se están violentando todos los mecanismos que garantizan la legalidad para avanzar en un proyecto autoritario que nos pone de cara a los 90, la década en la que las personas y las instituciones no tenían ningún valor.
