"Polarización": no es la clave, por Diego García-Sayán

La polarización es un fenómeno global, que atraviesa a todos los países de América Latina. Pero si queremos entender la esencia de los conflictos políticos y sociales que hoy gangrenan a la sociedad peruana, el telón de fondo es otro: la creciente ilegitimidad del Legislativo y el Ejecutivo. Colapso de legitimidad tallado “a mano”, día a día. Mientras, tratan de sacarle el jugo al poder efímero que se detenta.

En ello no hay “polarización” sino abrumadora y creciente ilegitimidad como se constata a través de todas las encuestas. El escenario no es simple, pero destacan tres rasgos fundamentales; todos van más allá de una mera “polarización”.

De un lado, el error de asumir que la realidad es lo que expresan la mayoría de redes sociales, radicalmente confrontativas, vestidas de “ideología”. Pero que siendo abrumadoras en su petardeo destructivo en torno a monotemas obsesivos (lo “caviar”), expresan, en realidad, solo los intereses particulares de quienes las promueven. Reiterativos mensajes, impulsados muchos por grupos bien financiados, que tienen su impacto, sí, pero que expresan solo un fragmento del sentimiento de la gente si se tiene en cuenta la opinión pública, real medida en las encuestas.

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En segundo lugar, un panorama ocupado por tensiones diferentes, más profundas y fundamentales que la banalización “izquierda-derecha”. En eso no está la abrumadora mayoría nacional. La gente está, sí, en desaprobación a la actual dupla Gobierno/Congreso que ha decidido ponerse de espaldas al país. Por la estentórea búsqueda de impunidad y uso grosero del Estado para satisfacer intereses particulares.

Mientras tremendos problemas y retos de fondo atraviesan el país –seguridad, salud pública, infraestructura educativa, amenazas serias contra el medio ambiente– la agenda de la pequeña política cotidiana desde el Congreso y un débil y dócil Ejecutivo para sobrevivir, es otra. Y va en dos direcciones.

Primero, beneficiar soterradamente ciertos intereses particulares. Como, por ejemplo, los planes desde el sector energético para facilitar el desmontaje de las áreas amazónicas protegidas para servir a intereses particulares. O la no explicada decisión de Produce para autorizar la pesca de anchoveta contra el informe del solvente Instituto del Mar que se opone a ello por El Niño que llegó.

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Segundo, el propio beneficio de quienes detentan el poder, especialmente los(as) insaciables congresistas. Es la agenda que avanza cada semana como una aplanadora en listado que tomaría muchas líneas recordar aquí. Con varios “goles” mayores ya: bloquear –ya por seis meses– investigaciones serias sobre graves violaciones a los derechos humanos, erosionar la independencia y calidad del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo con procesos de selección sin transparencia ni participación ciudadana y el socavamiento de la división de poderes con una fiscalía de la nación que ha abdicado de su responsabilidad.

Dentro de ese contexto, asoman con vigor graves amenazas dentro de las que destacan dos.

La primera: acabar con la independencia del sistema electoral. Contra la Constitución y el derecho internacional. En esto se dan la mano los dos “extremos”; Perú Libre presentó ya algo parecido antes. La Corte Interamericana ha establecido de manera contundente, en fallo vinculante del 30 de enero, que es obligación internacional respetar “las garantías de independencia, estabilidad e inamovilidad de los tribunales electorales”.

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La segunda es la confrontación con el sistema internacional y la pretensión de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, en coincidencia con lo que solo han hecho las autocracias, buscando impunidad para confrontar los estándares y derechos democráticos. Se da la mano con lo que ya presentó Perú Libre en noviembre buscando lo mismo. ¿Polarización? No, buscando manos libres, los dos extremos, para tumbarse al sistema electoral independiente.

Hay muchas otras cosas en agenda, por cierto. Como la pretensión atropellada de revivir, sin un debate serio, al Senado, –rechazado por el 90% del país en el referéndum del 2018– y de paso cambiar entre gallos otra cincuentena de artículos constitucionales. Pienso que la bicameralidad puede ser buena, pero seguida de un debate serio. Pero no la modificación frustrada, con “cogoteo” y mal hecha. Y más vendrá; mientras el país no los pare.