Colectivo de mujeres diversas, desde diferentes trayectorias, tendencias políticas, territorios y experiencias, que se levantan en voz unida con el objetivo común de rehabilitar la esperanza en la construcción del país. Se comprometen y convocan a un diálogo abierto, y a tejer lazos para contribuir a un proyecto democrático que impidan que el autoritarismo y la corrupción se apoderen de las instituciones.

El reciente caso del diputado Julián Pérez, a quien un comisario denunció porque lo vio golpeando a su expareja en su comisaría, donde ella llegó para denunciarlo por violencia psicológica, ratificó el patrón de comportamiento de los partidos y del Congreso frente a casos de violencia de género: filas cerradas con el agresor.

Solo por presión pública, Juntos por el Perú pasó de afirmar que evaluarían sanciones a anunciar, cinco días después, que suspenderán a Julián Pérez.

El primer congresista condenado por violación sexual fue Leoncio Torres Ccalla. Después de larga batalla judicial por tentativa de violación sexual contra una menor de 16 años traída desde Puno para trabajar en su despacho congresal, el congresista de Perú Posible fue condenado a 8 años de prisión. Meses después rebajaron su condena a 6 años. Inicialmente, el Congreso optó por suspenderlo 120 días, no por levantarle la inmunidad, como correspondía. Solo se la quitaron cuando el Poder Judicial lo pidió.

Durante todo el segundo semestre del 2022, el Congreso blindó a Freddy Díaz, congresista que, según constató la sentencia judicial en 2024, drogó y violó a una de las trabajadoras de su despacho. Recién en enero de 2023, el Congreso lo inhabilitó por diez años. El Poder Judicial lo condenó a purgar prisión por 13 años y luego elevó la pena a 20 años.

Fue a raíz de este caso que el abogado de la víctima, José Ugaz, acuñó el término “delito de poder”.

Y nada más cierto: aunque todos los delitos de agresión contra las mujeres y de violación sexual son terribles, la particularidad de estas agresiones es que se cometen al amparo del poder. Los agresores se escudan tras el poder que les da ser congresistas frente a la justicia. Amparados, también, por sus colegas. O por un porcentaje importante de ellos. Encubrimiento corporativo.

El poder usado para protegerse de la sanción por los delitos cometidos acaba así convirtiéndose en escudo frente a la justicia. Y así se configura otro delito, el delito de poder contra las mujeres.

Por Mabel Barreto Quineche. Periodista. Consultora en prensa y comunicación social.

Juntos por el Perú pide suspender por 120 días al congresista Pérez Malqui

Delitos de poder contra las mujeres, por Las Tejedoras

El poder usado para protegerse de la sanción por los delitos cometidos acaba así convirtiéndose en escudo frente a la justicia.

Delitos de poder contra las mujeres, por Las Tejedoras hnews

La República

Quisiera que crezcan creyendo que votar, estudiar, elegir su camino y hacer oír su voz es lo más normal del mundo. Ojalá nunca tengan que preguntarse por qué hubo un tiempo en que las mujeres no podían hacerlo. Pero también tengo que recordarles que nada de eso fue un regalo.

Cada derecho que hoy parece obvio fue una conquista. Mujeres, antes que ustedes y antes que yo, desafiaron prejuicios, leyes injustas y un orden que les decía cuál era su lugar. Ocupábamos el hogar y hoy ocupamos el mundo.

Les escribo porque hay días en que me preocupan los silencios. Como cuando escucho un mensaje a la Nación en el que las mujeres simplemente no existimos. Entonces recuerdo que los derechos también pueden retroceder. No se pierden de un día para otro; se erosionan cuando dejamos de defenderlos o cuando creemos que ya están garantizados.

No les escribo para que vivan con miedo. Les escribo para que vivan con memoria. Pregunten. Conversen con su mamá, con sus abuelas, con las mujeres de su familia. Descubran qué obstáculos enfrentaron y qué puertas tuvieron que abrir para que ustedes pudieran atravesarlas.

Algún día les dirán que estas luchas ya pasaron, pero no es así. Mientras exista una sola mujer cuyos derechos puedan retroceder, habrá algo que proteger.

Y, cuando les toque estar al frente, recuerden que nada de lo conquistado se sostiene solo. Se sostiene porque hay mujeres que no olvidan de dónde vienen sus derechos y porque otras deciden defenderlos.

Con todo mi cariño y con la esperanza de que nunca olviden lo que nos costó llegar hasta aquí, les pido una sola cosa: honren nuestra lucha. Honren la memoria de quienes las precedieron. Y dejen el camino un poco más ancho para las mujeres que vendrán.

*Hoy teje: María Elena González Azurín, ciudadana activa.

Carta de las Internas

A mis sobrinas, por Las Tejedoras

Hoy teje: Diana Miloslavich Túpac. Exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Iniciamos un nuevo escenario parlamentario bicameral con 16 senadoras (27%) y 44 senadores, así como con 54 diputadas (42%) y 76 diputados. La conformación de una mesa directiva de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados dará contrapeso y abrirá la posibilidad de seguir apostando por la democracia en el Perú.

Urge derogar el paquete anticrimen y antiderechos que afecta a las mujeres en su diversidad. Una prioridad es la Ley 32535, que eliminó el enfoque de género en todas las políticas públicas y debilitó la educación sexual integral, dejando de lado la prevención de los tipos de violencia de género reconocidos por el Estado. Esta ley también prohíbe que jueces y fiscales reciban formación con enfoque de género y veta la participación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que litiguen contra el Estado, dejando en mayor desprotección a las víctimas.

Otro retroceso para las mujeres es la Ley 32735, que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles. Esta norma nos afecta porque los casos de violencia de género vinculados a estas instituciones son numerosos. Se estima que alrededor de 1.636 policías han sido denunciados por violencia de género.

Fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho es una garantía para la justicia. Estamos en el décimo aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, constituida tras el impacto de la movilización masiva de la ciudadanía en la marcha Ni Una Menos de 2016, y con avances importantes.

Ese fortalecimiento institucional debe traducirse en respuestas concretas frente a cada caso de violencia, por ejemplo, desde el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Mientras cierro estas líneas, nos alcanza la demanda de justicia para Ale Rous, mujer trans asesinada en Ica. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir nombrando a las víctimas para que el Estado responda?

Las Tejedoras

Queremos de regreso nuestros derechos conquistados, por Las Tejedoras

Por: Ana María Guerrero Espinoza. Psicóloga clínica. Directora de Proyecto UMA.

Un académico brasileño simuló un asalto y le disparó a su esposa mientras dormía. Cuando ella volvió a casa, parapléjica, intentó matarla otra vez. Brasil tardó veinte años en encarcelarlo y necesitó una condena internacional para reconocer su tolerancia con la violencia doméstica. El caso dio lugar a la Ley Maria da Penha. En Argentina, un juez liberó a un sentenciado por violaciones sexuales pese a informes técnicos desfavorables. Meses después, violó y mató a la joven Micaela García. La conmoción por el caso propició la Ley Micaela y obligó al Estado a revisar la formación de sus servidores públicos.

Pero en el Perú los nombres se nos acumulan y nada pasa: Sheyla Cóndor, Eyvi Ágreda, Solsiret Rodríguez, Ruth Thalía Sayas. También los videos, las desapariciones y territorios como Condorcanqui, con cientos de denuncias de agresión sexual contra niñas y adolescentes, muchas contra docentes. No nos falta evidencia, nos falta subvertir las lógicas que sostienen esta normalidad. El profesor universitario, el juez, el docente o el policía ocupan lugares respetables en instituciones con mandatos de proteger. Quizás por eso nuestro punto ciego sea ver la reputación como presunción de inocencia. A más idealización, más confundimos autoridad y prestigio con inocencia.

En Brasil un eslogan de la ley Maria da Penha causó impacto. Traducido libremente sería “Entre marido y mujer el Estado se debe meter”. La discusión nunca fue sobre el matrimonio. Era sobre el derecho a interrumpir el abuso que puede instalarse en una relación de poder.

En la casa, la escuela, la comunidad, la empresa, la ONG o el partido político se decide qué puede discutirse, quién puede hacerlo y si existirá un contrapeso, un tercero que mire, escuche y sea voz crítica sin que su intervención se juzgue como deslealtad o traición. Pero sabemos que en nombre del interés de las instituciones, las corporaciones o la familia algunas personas o prácticas se vuelven intocables. En democracia, ningún poder debe quedarse a solas consigo mismo.

Lo privado intocable, por Las Tejedoras

Hoy teje Flor Pablo. Educadora y exministra de Educación. Política. Actual congresista de la República.

El Perú inicia un nuevo ciclo político en medio de una legítima preocupación por la democracia. No se trata de una oposición anticipada, sino de una alerta sobre la experiencia de los últimos años: instituciones debilitadas, retrocesos en políticas de igualdad y una forma de ejercer el poder desde los intereses privados antes que desde el bien común. Frente a ello, el desafío no es solo vigilar, sino también construir.

Con esa convicción, Las Tejedoras organizaron un encuentro con senadoras y diputadas electas de fuerzas democráticas comprometidas con el Estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad y el respeto a la diversidad. La convocatoria reunió a mujeres que, desde distintas organizaciones políticas, compartimos principios esenciales para fortalecer nuestra democracia.

Hoy el reto ya no es únicamente que más mujeres lleguen a los espacios de decisión. Necesitamos una representación sustantiva: liderazgos que ejerzan el poder con integridad, defiendan los derechos y mantengan un vínculo permanente con la ciudadanía.

Muchas mujeres llegamos a la política después de conciliar responsabilidades de cuidado y trabajo, enfrentando barreras y abriéndonos paso en espacios políticos. Esa experiencia enriquece la vida pública con mayor capacidad de escucha, diálogo y construcción de acuerdos.

Pero el diálogo también tiene límites. No todo vale. Los acuerdos solo fortalecen la democracia cuando se sostienen sobre principios. La corrupción, el abuso del poder y el debilitamiento institucional nunca pueden ser el precio de una mayoría.

El mayor aprendizaje que me deja esta etapa, y que compartí con las nuevas parlamentarias, es que el Perú necesita una nueva cultura política: entender el poder como servicio, valorar la ética tanto como la eficacia y mantener siempre vivo el vínculo con la ciudadanía. Ese es el tejido democrático que el país necesita reconstruir.

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